La procuraduría anticorrupción, parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pide encarecidamente algo al Congreso de la República, en especial a la recién instalada comisión Lava Jato, encargada de investigar las implicancias y responsabilidades en el pagos de sobornos a funcionarios del gobierno peruano (entre el 2005 y el 2015) y otros actos de corrupción.
En una entrevista que brindó al diario La República, el procurador anticorrupción Amado Enco, en el cargo desde diciembre del año pasado, comentó cuál era su expectativa frente a la comisión parlamentaria presidida por el fujimorista Víctor Albrecht, expectativas que tienen más bien forma de exigencia:
Sobre la investigación parlamentaria dijo:
"Desde la procuraduría exigimos que no se adopten medidas que puedan obstruir o entorpecer las investigaciones. Lo que se necesita es la contribución en el esclarecimiento de los hechos a fin de determinar responsabilidades penales. Espero que el Congreso contribuya en esa medida porque ya bastante complejo es este caso. No necesitamos distracciones".
Enco afirmó que les preocupa en la procuraduría que integrantes de dicha comisión estén vinculados con gobiernos y personajes implicados en hechos de corrupción.
"La única manera de garantizar que las investigaciones lleguen a buen puerto es que las personas que se involucran en dichos actos no tengan procesos ni investigaciones por corrupción. Además, que no tengan vinculación alguna con los grupos políticos, con las autoridades, funcionarios que tienen que ver con estos hechos de corrupción. En realidad creo que no esperamos mucho en términos de contribución de acuerdo con los objetivos que se están planteando".
Por adelantado
El procurador anticorrupción comentó que desde su despacho se va a pedir a Odebrecht un "pago por adelantado" por concepto de reparación civil, en tanto que la empresa hizo un anuncio público de cooperación con las autoridades peruanas.
Asimismo señaló, para el diario citado, que no solo los representantes de las empresas involucradas en actos de corrupción son los que tendrían pagar reparación, sino también funcionarios y autoridades peruanas.
(Foto: Andina)
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