El conflicto de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo no solo ha trascendido las "fronteras" de esta institución, sino que ha llegado hasta los oídos de las Naciones Unidas, organización que recomendó, en la segunda mitad de la década de 1990, su creación en el país.

Sobre este conflicto, el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, manifestó "su preocupación" ante las diferencias surgidas "entre la Alta Dirección y el personal de la institución".

Por ello, invocó al titular de la Defensoría, Walter Gutiérrez, "a mantener los canales de diálogo abiertos y gestionar de manera urgente el presupuesto necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la Defensoría" y que esta institución "no debe verse afectada por situaciones de incertidumbre e inestabilidad".

Recordó que desde su creación, la Defensoría del Pueblo "goza de gran legitimidad y reconocimiento a nivel regional e internacional por su defensa decidida de los derechos humanos y las libertades fundamentales"; y que estos principios "deben ser aplicados a sus trabajadores y trabajadoras de manera coherente con su mandato".

Incalcaterra también manifestó que el Estado peruano debe garantizar "los recursos necesarios para que la Defensoría del Pueblo pueda seguir protegiendo los derechos humanos de todos quienes habitan en Perú", y aconsejó la revisión "de los regímenes de contratación laboral en el sector público a la luz de los estándares internacionales en materia laboral".  

Al momento, el sindicato de trabajadores continúa en conversaciones con la Alta Dirección de la Defensoría para resolver la situación de 30 de ellos, ya que solo 10 han sido repuestos.

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