Cuando la mayoría de peruanos pensaba que el Estado se había librado de Carlos Moreno, el exasesor presidencial denunciado hasta por siete delitos de corrupción por los audios del 'negociazo' que se destapó en octubre, el médico reapareció y afirmó que sigue trabajando en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

De hecho, hace una semana se reincorporó a sus labores ahí, tras tomarse unas vacaciones que tenía pendientes desde octubre, cuando estalló el escándalo por el negociado con el que pretendía llenarse los bolsillos, gracias a su cercanía con el poder y a un convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y el Arzobispado de Lima, para derivar a clínicas privadas a pacientes Seguro Integral de Salud (SIS), la mayor aseguradora del país, con 17 millones de afiliados y con un presupuesto de 1,700 millones.

Moreno sigue siendo parte de estado pese a los graves cargos de corrupción que hay en su contra.

Pero, ¿por qué sigue trabajando en el Loayza? ¿Las imputaciones en su contra no son motivo suficiente para que sea expectorado del Estado? La directora del citado hospital, Victoria Bao Castro, dijo que Moreno"fue retirado del cargo de jefe del Centro Nacional de Gastroenterología del hospital y también retirado de la jefatura del Servicio de Gastroenterología", pero sigue siendo un trabajador del nosocomio. 

¿La razón? Es un médico nombrado del Minsa y, por ello, no puede ser suspendido o echado hasta que no haya algún "pronunciamiento legal de cualquiera de las entidades en las que se le está investigando", precisó Bao. Su caso se está viendo en el Ministerio Público y el Congreso de la República.

"Él [Carlos Moreno], como médico asistencial del servicio de gastroenterología, es un trabajador nombrado del hospital y tengo que respetar su derecho laboral. [...] Atiende consultas como cualquier otro médico", explicó la directora del Loayza.

Es decir, la ley ata de manos a las autoridades para que sancionen a funcionarios sobre los que pesan cargos graves, pero que aún no tienen sentencias judiciales, lo cual puede tardar años. ¿Y mientras tanto? No hay nada que hacer y los peruanos le tienen que seguir pagando un sueldo. Ahora que el Gobierno de PPK busca darle un impulso a la lucha anticorrupción, sería bueno que evalúan cómo llenar vacíos legales como este.

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