En un hecho de corrupción hay un corruptor y un corruptible. El caso de pago de sobornos de parte de Odebrecht involucra, pues, al sector privado y al estatal. Es por eso que el presidente Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez, tiene que decir algo al respecto.

En entrevista con el diario Gestión dijo que hay corrupción en todos los niveles de la sociedad y "lo que ha pasado tiene que hacernos reflexionar", afirmó en relación a Odebrecht. El problema de corrupción, a su modo de ver, es uno de valores.

"Sentimos que se ha perdido mucho terreno en el tema de los valores, pues se acepta la corrupción, la informalidad".

Sobre pensar el país tras el escándalo:

"Debemos usar este caso para luego pensar como país cómo debemos hacer las cosas hacia adelante. No solo hablo del sector privado, sino también de las autoridades del Gobierno. Desgraciadamente, el tema de la corrupción tiene demasiada tolerancia en el país".

Ante la crítica del presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, de calificar a los empresarios como tolerantes a la corrupción, Pérez dijo:

"Una empresa de las dimensiones de Odebrecht ha tocado a todos los estudios de abogados o muchos, pero tampoco quiero caer en la generalización en que cae el señor Ugaz. No es todo el sector privado, sino son algunos".

Por otro lado, descartó que alguna empresa de la compañía constructora brasileña pertenezca a algún gremio asociado a la Confiep.

Recordemos que en el 2014, tal como lo recuerda Ojo Público, el 7 de febrero la Confiep envió a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el documento PRE-017/14 en el que manifestaban su negativa a crear una figura legal que sancione todos los delitos de corrupción empresarial.

Esto fue lo que nos recordó el medio periodístico citado al respecto de una ley "mutilada" contra la corrupción promulgada por el Ejecutivo en abril de este año:

"El caso llegó a mayores el 7 de diciembre del 2015 cuando el presidente de la Confiep, Martín Pérez, decidió enviar su propio proyecto de ley a la CAN, dirigida por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, el cual ya incluía el visto bueno de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El documento PRE-244/15, al que tuvimos acceso, planteaba regular la 'responsabilidad administrativa', no penal, de las empresas y solo por cohecho o soborno internacional, que era lo mínimo exigido por la OCDE, entre otros atenuantes como crear una instancia civil para que resuelva las denuncias. Ya con el plazo a cuestas, en febrero la CAN aceptó solo considerar el cohecho internacional -como quería la Confiep- y modificó el proyecto de ley".


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