El tiempo parece estar dándole la razón a quienes expresaron sus preocupaciones y dudas cuando la mayoría fujimorista en el Congreso impuso a Walter Gutiérrez como defensor del Pueblo en setiembre pasado. Ahora, cuatro meses después de asumir el cargo, inició una 'razzia' que pone en riesgo una institución fundamental para la defensa de los derechos civiles y humanos en el país.

En los últimos días se supo que Gutiérrez ordenó -de un plumazo- la separación de 40 comisionados de la Defensoría: se decidió la no renovación de sus contratos administrativos de servicios (CAS), sin mediar ninguna explicación. La cifra total de despidos sería de 50 a fines de este año, según advirtieron fuentes de la institución al semanario Hildebrandt en sus Trece (HEST).

Pero eso no es todo. De acuerdo con la citada publicación, el plan de Walter Gutiérrez para desmantelar la institución va más allá: implica que en marzo del próximo año sean despedidos otros 350 trabajadores CAS de todas las oficinas a nivel regional. 

"A ellos se les acaba de renovar contrato sólo por tres meses, cuando lo usual era por un año. Para los aludidos es una advertencia de que tienen los días contados. Esta primera ola de despidos ha afectado la moral de los trabajadores y puesto en peligro dependencias importantes de la institución".

La denuncia periodística revela que las decisiones de Gutiérrez están afectando áreas de la Defensoría que cumplen una función vital en el país, como el Programa de Pueblos Indígenas, el cual fue desactivado en la práctica, porque se despidió a cinco de los seis funcionarios que ahí laboraban. Solo quedó la jefa de esta oficina.

Lo mismo está sucediendo en la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, que ahora solo cuenta con dos personas y no tiene jefe, porque este renunció ante la ola de despidos injustificados. También la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se quedó sin personal y sería "reducida" a la categoría de programa dependiente de la Adjuntía para la Mujer, según denunció  el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, Gilmer de la Peña.

"Las no renovaciones son comunicadas a los adjuntos, jefes de oficina, de programas o de módulos de atención defensorial con criterios ambiguos y no uniformes para uno u otro caso. No ha existido evaluación de personal. Esto un abuso", dijo el funcionario a HEST. 

¿Cuál es el argumento para los despidos?

Voceros de la gestión actual sostienen que las "no renovaciones", que alcanzan a personal de primera línea y de larga experiencia en la institución, es una medida que responde un criterio de "racionalización" de recursos, pero esto se contradice con las contrataciones que ha realizado Gutiérrez de asesores que tienen sueldos mensuales que van desde los 11,000  hasta los 14,500 soles. Así lo reseña HEST en su edición de este viernes:

"Entre ellos figuran Delia Muñoz, jefa de gabinete (13,000 soles), Rosa Mavila, adjunta (14,000 soles), Arturo León, secretario general (14,000 soles), José Antonio Élice Navarro, primer adjunto D8-A (14,500 soles), Martín Cabrera Marchán, asesor (11,000 soles), Mayte Remmy Castagnola, asesora (14,000 soles) y Rocío Espinoza Berríos, asesora (11,000 soles), entre otros. Gutiérrez ha contratado, incluso, a un nuevo chofer personal para que maneje su automóvil BMW. Se trata de Hilton Esmelin Ruiz Asto, quien percibe una remuneración de 7,500 soles al mes. De este grupo, por cierto, Delia Muñoz es la más cercana a Gutiérrez y quien acata a pie juntillas sus órdenes".

Además, una fuente que conoce bien la interna de la institución aseguró al referido semanario que el mismo Gutiérrez, cuando fue consultado por la verdadera razón de la ola de despidos, dijo que los trabajadores CAS les deben favores a otros y que, por tanto, no eran leales. 

Otro alto funcionario de la Defensoría consultado por HEST lo confirmó y lo explicó así: 

"Los despidos no tienen como propósito racionalizar recursos para seguir luchando por los derechos de los ciudadanos, sino hacer sitio a nuevas contrataciones de amigos o gente que sea afín a Wálter Gutiérrez y que le permita cumplir con su propósito de transformar a la Defensoría del Pueblo en la Defensoría del Consumidor".

El mismo Walter Guitérrez, en entrevista a Canal N poco después de ser elegido Defensor del Pueblo por el Congreso, dio las primeras señales de lo que se venía, del cambio de enfoque en una institución que en los últimos 20 años se ganó el respeto de la ciudadanía por su defensa de los derechos humanos en el país. En esa ocasión, "los derechos humanos están en el mercado".

El abogado laboralista Cristian Sánchez, quien fue durante varios años fue parte de la Defensoría del Pueblo, explica por qué Gutiérrez está equivocado. 

"Este señor no puede desconocer las funciones de una institución emblemática cuyos principios están contemplados en la Constitución. Velar por los derechos del consumidor es ignorar cuál ha sido la trayectoria de la Defensoría en materia de derechos humanos, de derecho a la vida de defensa de las poblaciones más vulnerables del país".

Sánchez cree que Gutiérrez es parte de un plan político del fujimorismo, que no solo consiste en copar la institución, sino en desbaratarla. "Este señor ha venido a ponerle una lápida a la Defensoría. Creo que es el principio del fin de la institución", agregó.

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