Francisco Boza, expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue liberado este sábado en la madrugada luego de que el viernes por la mañana fuera detenido por sus presuntos vínculos ilícitos con el detenido empresario Martín Belaunde Lossio, quien fue asesor y financista del exmandatario Ollanta Humala.
Pero lo cierto es la situación legal de Boza Dibós, quien le dio al Perú una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y una de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la disciplina de tiro, es complicada.
El exjefe del IPD, de 52 años, manifestó que no se respetó el debido proceso en la intervención en su contra, por lo que fue liberado tres horas antes de que acabara el plazo 24 horas establecido para su detención, autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Juzgado Penal Nacional, a pedido del fiscal supraprovincial Elmer Chirre.
"Es una medida injusta, una acusación judicial llena de defectos. Seguiremos siempre contribuyendo con la justicia", dijo en unas declaraciones breves fue era conducido a la sede central del Ministerio Público para las diligencias respectivas tras su detención.
El fiscal Chirre presentará este sábado los cargos contra Boza Dibós ante el Poder Judicial, por delitos de asociación ilícita y colusión, y además pedirá la prisión preventiva por al menos cuatro meses, mientras alista el juicio.
Pancho Boza renunció al IPD a finales del 2014, porque en el 2012 se reveló que le pidió a Belaunde Lossio que use sus influencias políticas en el Congreso para que se incremente el presupuesto de una obra de S/ 88 millones en Chiclayo, con miras a los Juegos Bolivarianos, la que se adjudicó al Consorcio Chiclayo, integrada por el Grupo Ortiz y Antalsis Perú.
¿Qué se le impunta a Boza?
Las autoridades judiciales decidieron la detención preventiva de Boza Dibós de un momento a otro, porque se enteraron que el exjefe del IPD se alistaba para destruir o adulterar documentos que lo relacionan con Belaunde Lossio en tratos ilícitos, informó La República.
¿Y cómo se enteraron? Por unas conversaciones de Pancho Boza que quedaron grabadas. Hace dos meses, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la interceptación de sus comunicaciones, en el marco de las investigaciones por el caso Antalsis.
Uno de los policías que participa en las investigaciones, citado por La República, dijo que lo que han escuchado en las interceptaciones evidenciaría que "hay muchas cosas sucias en el IPD y el Comité Olímpico Peruano (COP)".
En una de las conversaciones interceptadas, el medallista olímpico habría dicho lo mejor era "zafar" porque la situación se estaba complicando. Las autoridades lo interpretaron como que Boza pensaba irse del país y decidieron intervenirlo.
Además de la detención preventiva por 24 horas, el juez Concepción Carhuancho también dio luz verde para el allanamiento de las oficinas del IPD y del Comité Olímpico Peruano, ubicadas en la Videna, en San Luis, con el fin de salvaguardar toda la documentación contable de obras realizadas. También se incautaron actas en blanco ya firmadas y actas duplicadas, entre otros documentos.
El número telefónico intervenido no está a nombre de Boza y solo lo conoce su entorno más cercano. Cuando en la diligencia se dio las transcripciones de las conversaciones intervenidas, el exjefe del IPD dijo esto, según La República: "Es bueno que hayan grabado las llamadas, ahora se conocerá todo y caerán los verdaderos responsables". Incluso el citado medio refiere que entre las escuchas hay coordinaciones con policías y periodistas que lo habrían estado ayudando a limpiarse.
¿Por qué incluyeron a Boza en el caso Antalsis?
Boza envió una serie de correos a Jorge Eugenio Bello del Real, quien a su vez se los reenvió a Martín Belaunde. Estas comunicaciones electrónicas revelaron la intervención del exasesor humalista para que el Congreso mejore el presupuesto del IPD, con el fin de realizar la ampliación del polideportivo Elías Aguirre, ubicado en Chiclayo, como parte de las obras para los Juegos Panamericanos organizados por el COP.
La comisión especial que se formó en el Congreso para inverstigar a Belaunde Lossio, que presidió la ahora ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, determinó que el exfinancista de Humala se benefició de la adjudicación de dicha obra en Chiclayo, a través de Antalsis. El IPD, bajo la conducción de Boza, estuvo a cargo del proceso para la adjudicación de las obras. El grupo congresal que indagó este caso, determinó que hubo un perjuicio económico para e IPD de 480 mil soles. Además el presupuesto para las obras, que ascendía a más de 117 millones de soles, superaba en casi 20 millones la propia propuesta económica inicial.
Todo esto llevó al Ministerio Público a concluir que Pancho Boza es parte de la organización delictiva que habría dirigido Belaunde Lossio.
(Foto de cabecera: La República)
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