De las cinco medidas para luchar contra la corrupción que anunció el lunes PPK, la más importante es quizá la "muerte civil" para los funcionarios sentenciados por corrupción, medida que permitirá empezar a limpiar el aparato estatal de los pillos que se infiltran y se enquistan en todos sus niveles.

La titular del despacho de Justicia, Marisol Pérez Tello, tuvo que acelerar el paso para tener listo el proyecto y que este miércoles el Consejo de Ministros lo revise y apruebe; aunque la ministra hubiera preferido tomarse un tiempo más para examinar los detalles de la norma, con el fin de evitar que tenga vacíos que impidan su aplicación, informó El Comercio.

Pero ya las cartas están jugadas y la "muerte civil" no puede esperar más. Esta medida implica la inhabilitación perpetua para los funcionarios sentenciados por corrupción; es decir, no podrán volver a trabajar en ninguna instancia del aparato estatal, ni elegir y tampoco ser elegidos para cargos públicos.

Habrá que ver los detalles del proyecto del Ejecutivo y sus alcances, porque en una iniciativa que el nacionalismo presentó en 2013 en el Parlamento también sobre la "muerte civil", se establecía que hasta que no paguen las reparaciones civiles, los exfuncionarios condenados por delitos de corrupción no podían firmar contratos ni realizar ciertas actividades privadas.

Al respecto, Pérez Tello, según El Comercio, adelantó que el proyecto precisará que la muerte civil para delitos de corrupción se aplicará solo en casos en los que haya agravantes y bajo circunstancias especiales.

El constitucionalista Víctor García Toma sostuvo que el proyecto que evacue el Ejecutivo debe cumplir tres principios: ser racional, razonable y proporcional, para que pueda ser viable.

¿Cuál es el ánimo de las bancadas?

Como nos decía el martes el analista Juan de la Puente, para sacar adelante la "muerte civil" y las otras medidas anticorrupción que se presentarán, se necesita de un pacto político en el país y de presión ciudadana porque, de lo contrario, va a pasar lo mismo que ha venido ocurriendo en los últimos años: todas las iniciativas planteadas se quedaron en papel y tinta. 

En el Congreso, el ánimo en la mayoría de bancadas es apoyar la "muerte civil". El fujimorismo, que se opuso y bloqueó una iniciativa legal de esa línea durante el quinquenio pasado, ahora dicen que la respaldarán. "No veo ninguna objeción, pero este es solo un paso de 20 que deben dar", dijo Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular.

En el Frente Amplio, su vocera, Marisa Glave, adelantó en Twitter que su agrupación apoyará la muerte civil y señaló que "los funcionarios que robaron o quisieron hacer sus "negociazos" con el Estado no pueden volver a ser parte de este".

En Alianza para el Progreso (APP) aseguran que respaldarán cualquier acción del Ejecutivo para enfrentar la corrupción. "Cuando estos proyectos lleguen, seremos los primeros en apoyarlos", aseguró Richard Acuña.

El vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, también expresó su respaldo a la muerte civil al señalar que "ningún delincuente puede volver al Estado a trabajar". Insistió además en que debe se debe eliminar la figura de asesores presidenciales ad honórem para evitar casos como el de Moreno; mientras que en el Apra, Javier Velásquez adelantó el apoyo a la iniciativa: "El Estado tiene derecho a protegerse".

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