Durante la conferencia magistral "Nuevas Estrategias de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente", realizada hoy en la sede de la Universidad Católica (PUCP), el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, informó que la Fiscalía ha iniciado un proceso de carácter no incriminatorio para dar con el paradero del estudiante Ernesto Castillo Páez, asesinado y desaparecido en 1990.
Rivera dijo a Lamula.pe que este proceso también abarca el caso de la Universidad La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados por el grupo Colina, y en el que algunos de los desaparecidos aún no han sido encontrados.
"Esto no tiene como objetivo determinar responsabilidades, porque ya hay condenas, sino llamar a aquellos que han sido condenados para que brinden información sobre el paradero de estas víctimas".
También indicó que los cuatro policías condenados por la desaparición de Castillo Páez no colaboran, como viene pasando hasta ahora, el Ministerio Público pedirá que se revoque el beneficio penitenciario que se les ha concedido a los cuatro policías responsables, y vuelvan a prisión por haber conseguido este beneficio "sobre la base de una mentira".
"Ellos han declarado que están arrepentidos del crimen. Eso significa que están reconociendo su responsabilidad, y por ende en la obligación de informar dónde están los restos (del estudiante)". Ahora los cuatro han dicho que no tienen nada que ver con el crimen, y Mejía León sostiene que fue Sendero Luminoso".
ES UN PRECEDENTE
Rivera destacó que "es la primera vez que se hace esto en la historia judicial del Perú", debido a que ambos casos tienen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Esta decisión de la Fiscalía debería sentar un precedente para todos los casos, y no solo a los vinculados a sentencias de la CIDH, sino como parte de las obligación del Estado al haber firmado y ratificado la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada".
LA SITUACIÓN DEL CASO CASTILLO PÁEZ
El 21 de octubre de 1990, Castillo Páez fue detenido por efectivos policiales en el marco de un operativo antisubversivo en Villa El Salvador, donde el estudiante de Sociología de la Universidad Católica realizaba una investigación de campo.
El coronel en retiro Juan Carlos Mejía León y los sub oficiales Manuel Arotuma Valdivia, Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich, fueron condenados a entre 15 y 16 años; pero progresivamente les fue concedida la condición de semilibertad, por lo cual no están cumpliendo prisión efectiva, pese a que el caso es considerado un crimen de lesa humanidad.
Las investigaciones sobre los paraderos de los desaparecidos de estos casos, ocurridos bajo el régimen de Alberto Fujimori, pueden ser una piedra en el zapato para sus herederos políticos, hoy con mayoría en el Congreso.
Foto de cabecera: Revista Ideele.
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