El último martes 11, la ONG CooperAcción presentó el libro "Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú: Abriendo el diálogo", cuyas autoras son las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, quienes dieron cuenta de cómo las leyes sobre recursos hídricos están hechas más para beneficio de las empresas extractivas que de los usuarios.
Durante la presentación, Preciado sostuvo que las empresas mineras "son las que gobiernan" en la práctica a través de las leyes referidas al uso del agua, pues pueden, de manera e indirecta, elaborar información sobre el recurso hídrico.
Preciado recordó que existen dos normas (las leyes 30230 y 30327) que han modificado los procedimientos que se deben ejecutar para el uso del agua, a las que las empresas mineras pueden acogerse para, por ejemplo, realizar sus propios estudios de impacto ambiental (EIA).
Puso como ejemplo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) "cree en la información que le presentan las mineras", en la que se invisibiliza los daños a la salud pública e impactos ambientales; y recordó que el investigador y sociólogo Francisco Durand ha documentado sobre cómo el Estado ha perdonado infracciones cometidas por las corporaciones en cuanto a contaminación se refiere.
Afirmó que a esto se agregan decisiones recientes como el nombramiento del exgerente de Yanacocha, Julio Bonelli, como director en un proyecto del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Esta decisión tuvo que revertirse ante la revelación de su vinculación con la empresa minera.
Por su parte, el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, cuestionó la falta de transparencia del Estado en cuanto al manejo de los recursos hídricos, al manifestar que la ANA "deniega la información y dilata los procesos" que se deben seguir para lograr un adecuado uso del agua en zonas mineras.
"No hay que perder de vista que cuando hablamos del agua, hablamos de un derecho humano", sostuvo el también integrante de CooperAcción.
"LOBBY MINERO"
El estudio realizado por Preciado y Álvarez da cuenta del por qué se han dado 153 conflictos sociales relacionados al uso del agua en zonas mineras entre 2011 y 2014, según información de la Defensoría del Pueblo; en los cuales "el lobby minero" ha ejercido su poder.
"La falta de información y transparencia, así como la débil gestión (estatal), permiten que se establezca una distribución poco equitativa, favorable a las empresas mineras", señala el estudio.
Notas relacionadas en Lamula.pe:
PPK designa a exgerente de Yanacocha como director de estudios ambientales de Senace
PPK debuta en la Asamblea General de la ONU, donde hablará sobre el acceso al agua potable
