No hay duda que el protagonista de esta semana ha sido Jaime Saavedra. El titular de Educación ha sido cuestionado por congresistas de la oposición debido a la lentitud del Gobierno en la preparación de Lima para la celebración de los Juegos Panamericanos del 2019 (los cuales parecen que no le interesan a Luis Castañeda).
La ofensiva contra el economista de profesión inició 'con fuerza' tras conocerse la renuncia de Luis Salazar a cargo del presidente del Comité Organizador de la cita deportiva.
A partir de ahí, figuras de la oposición calificaron la gestión de Saavedra como ineficiente e incluso, el congresista Mauricio Mulder (que prepara un proyecto para cambiar la Ley Universitaria) pidió su renuncia. A su vez, Luis Galarreta y Lourdes Alcorta señalaron que la interpelación "se daría de todas maneras".
Tras esta avalancha de críticas hay un interés: tumbarse la Ley Universitaria. Esta semana publicamos un artículo en la cual recogimos los puntos expuestos por el espacio Chicharrón de Prensa que explicaban las relaciones del Apra y el fujimorismo con diferentes universidades.
Precisamente, Eduardo Dargent, en su columna de La República, resalta que la norma impulsada por Daniel Mora buscaba fiscalizar a la educación universitaria privada.
"Especialmente aquella con fines de lucro que no ha dado ni remotamente los resultados que prometieron hace veinte años sus creadores. El Perú hoy no solo es el país de escuelas y universidades públicas de pésimo nivel, sino también de escuelas y universidades privadas de similar o peor nivel", apunta el politólogo.
En ese contexto, recuerda una de las consecuencias de las reformas educativas de la década de Noventa, las cuales tuvieron un 'espíritu privatizador':
"Las reformas privatizadoras de los noventa han nutrido actores poderosos, engordados con los privilegios tributarios obtenidos a cambio de un mal producto. Estos actores hoy invierten y participan en política, logrando gran influencia. Tienen como aliados a esos extraños liberales criollos, impermeables a la evidencia del fracaso de ese modelo educativo privatizador y que denuncian desde sus mundos paralelos un supuesto estatismo cuasi-totalitario en la reforma en curso".
Ante ese escenario, Dargent expresa su preocupación por la falta de una defensa política de la Ley Universitaria de aquellos que, en su momento, apoyaron la reforma. La crítica también se dirige a los miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio.
"[...] un ministro técnico, que intenta mantener su legitimidad, no puede pelear con las armas de un político. Queda mal resaltando sus propios logros y sus estrategias de comunicación tienen un límite. Necesita que esta pelea la den además otros ministros y congresistas del gobierno, capaces de mostrar la debilidad de los argumentos opositores. Vender la reforma, hacerla un activo de la gestión".
En esa línea señala que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de darle legitimidad a la reforma de la educación. Un tema que puede "capitalizarse y que beneficia a todos". Esa misión, sin embargo, necesita de "políticos peleones". ¿Los podrá encontrar el Ejecutivo?
[Foto de portada: Andina]
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