Aunque el último martes 26 la Segunda Sala Penal Liquidadora condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, por el caso Sótanos del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), hay algunos detalles en la sentencia que no han sido considerados por los magistrados.

Así lo señaló la directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Gisela Ortiz, quien pese a destacar "la importancia de la sentencia y el trabajo de los magistrados", en la misma existen algunos "vacíos".

En un comunicado, Ortiz manifestó que no se ha determinado quiénes son los autores materiales de las desapariciones, torturas y asesinatos en dichos sótanos, ubicados en el cuartel general del Ejército, conocido como "Pentagonito"; y tampoco se ha indagado qué pasó con los cuerpos incinerados en los hornos existentes en dichas instalaciones.

Sobre el primer punto, Ortiz menciona que la sentencia indica que el proceso contra el coronel Enrique Oliveros Pérez, exjefe del SIE, "se reserva hasta que sea capturado".

"¿Será posible capturarlo cuando está prófugo desde el año 2003 y tiene procesos pendientes en otros casos graves como La Cantuta? Han pasado 13 años, sin que el Ministerio del Interior dé con su paradero y lo entregue a la justicia. Las acusaciones se van acumulando, los juicios quedan pendientes y los familiares siguen esperando. Resulta indignante que, ante graves crímenes cometidos y que se dejaron cometer contra los derechos humanos, no se haya abierto el debate sobre un posible cambio de la legislación para sancionar justamente a estos criminales."

Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, sostuvo que si bien la sentencia establece la autoría mediata de Montesinos y Hermoza en este crimen, además de la del general Jorge Nadal Paiva, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) condenado a 15 años de prisión; cuestiona que no se hable de autores materiales:

"¿Sólo hay responsabilidad mediata en este crimen? ¿Quiénes fueron los agentes de inteligencia que secuestraron, detuvieron, trasladaron y desaparecieron a Martín Roca, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro?"  

También recordó que algunos testimonios registrados en el juicio "relatan la presencia de un volkswagen celeste de propiedad del agente Jesús Sosa Saavedra en el seguimiento y detención del profesor Justiniano (Najarro)". Por ello, se hace otras preguntas más específicas:

¿Quiénes estaban a cargo del “cuidado” de los detenidos”? ¿Quiénes los torturaron? ¿Quiénes confirmaron sus muertes y trasladaron sus cuerpos hasta el horno para incinerarlos? ¿Quiénes desaparecieron los restos y las cenizas que quedaron?  

LOS HORNOS

También recuerda que según la sentencia, se estableció que uno de los dos hornos construidos en los sótanos del SIE "fue construido para soportar hasta 1,000 grados de temperatura", y que servía "para incinerar los restos de las víctimas". Recordó que esto se sostiene "en el hallazgo que un Fiscal realizó en el 2004, de una falange, dentro del horno".

A partir de esto, Ortiz indica que la construcción de los hornos "no puede haber sido realizada solo para estas tres personas". "¿Cuántas son las víctimas cuyos cuerpos desaparecieron en los hornos del SIE? ¿Quiénes son?", se pregunta.

"la sentencia no relata cómo terminaron calcinados los cuerpos y qué se hizo con lo que quedó de ellos, dejando preguntas y vacíos en los familiares. ¿Los cuerpos fueron totalmente consumidos por el fuego? Puede ser que no pero sí en gran mayoría. ¿Qué se hizo con los restos calcinados? Quizás sea improbable que los restos se recuperen pero sí es objetivo que no desaparecieron por efecto del fuego. "

Además, eenunció que muchos de los agentes implicados en estos hechos "siguen trabajando para el Estado" y que aún piensan "que lo que hicieron no es grave, que no es un delito sino parte de la misión que les encomendaron para acabar con el terrorismo, justificando así los métodos usados". 

Ortiz recordó que, en esta sentencia, hay un paralelo con el caso de Ernesto Castillo Páez, "donde los responsables fueron sentenciados por la desaparición del estudiante y luego puestos en libertad sin que nadie señalara dónde está su cuerpo"; y en el mismo caso La Cantuta, en el que el tribunal "no realizó diligencias de búsqueda de los cuerpos en la zona de Cieneguilla pese al testimonio de varios de los colaboradores eficaces"

"Por eso la necesidad de una política pública de búsqueda de personas desaparecidas como obligación del Estado para atender el derecho a la verdad de los familiares, para que esas respuestas negadas por décadas, incluso en las sentencias judiciales, sean entregadas a los familiares y esos cuerpos, o lo que queda de ellos, sean ubicados, así se tenga que buscar dentro de las instalaciones militares y sean devueltos a sus familiares. La justicia que buscamos, los familiares, la sociedad, no acaba con las sentencias, lamentablemente; la angustia de no saber, el dolor que sentimos continúan hasta encontrarlos."

LA SENTENCIA

Pese a estas críticas, Ortiz destacó que el tribunal, integrado por Aldo Figueroa, Liliana Placencia y Segismundo León, ha reconocido a partir de su fallo "que la desaparición forzada fue una política de Estado y son considerados delitos de lesa humanidad"

"A través de la sentencia pudimos remontarnos a los 90 y recordar cómo todo el aparato del Estado se configuró para cometer una serie de delitos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, amparados en el secuestro del poder y la garantía de impunidad que tenían". 

Foto de cabecera: EPAF (familiares de víctimas)

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