El escándalo del último incidente generado por gente contratada por la minera Yanacocha, contra la seguridad y propiedad de Máxima Acuña de Chaupe en Cajamarca, ha trascendido nuestras fronteras. Y por ende, ha llegado a oídos los ganadores del premio Goldman, con el cual la campesina fue reconocida hace unos meses.
Por ello, los activistas reconocidos con este galardón han firmado un comunicado, publicado en el sitio web del premio, en el que muestran "su solidaridad" con Acuña, "miembro de nuestra familia", y demandan "respeto y seguridad".
En el documento, los firmantes se mostraron "indignados" por las acciones de Yanacocha, "quienes penetraron su propiedad para destruir sus cultivos". También calificaron esta acción como "intento de acoso para forzarla a dejar su casa en Tragadero Grande" con el objetivo "de intentar desarrollar el proyecto Conga".
"Denunciamos cualquier acto de violencia que ha sido llevado a cabo contra la señora Acuña y su familia, y pedimos a Newmont (empresa que conforma la minera Yanacocha) y sus subsidiarios (Buenaventura) retirar inmediatamente sus contratados de seguridad que rodean la propiedad de la señora Acuña. Igualmente, pedimos cesar todo tipo de acoso e intimidación, incluyendo alguna acción legal contra Máxima, la familia Chaupe, u otros miembros de la comunidad".
También mencionaron que Newmont, en su calidad de integrante del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia (ICMM, siglas en inglés), debe sostener uno de sus diez principios, que consiste en "aplicar prácticas comerciales éticas" para apoyar el desarrollo sostenible.
Además, pidieron al gobierno peruano "tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Acuña y su familia, incluyendo su derecho a vivir en su tierra. Sus derechos humanos deben ser respetados".
Argumentaron que estos derechos están garantizados en la Constitución peruana, las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Otro elemento que consideran es la última disposición de la Corte Internacional de La Haya sobre compañías, políticos y otros individuos por delitos relacionados "al acaparamiento de tierras y destrucción del ambiente".
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