El pasado 18 de setiembre fue la última denuncia de la campesina cajamarquina Máxima Acuña contra Minera Yanacocha, empresa a la que acusa de ser responsable de agresiones en su contra y de su familia.
La versión de la empresa siempre ha sido afirmar que está ejerciendo derecho a su defensa posesoria. Pero una investigación, encargada por la estadounidense Newmont, accionista de Yanacocha, señala en su informe final que la minera puso en riesgo los derechos humanos de Máxima Acuña y su familia.
El informe de RESOLVE, titulado «Tragadero Grande: Tierra, derechos humanos y normas internacionales en el conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha», buscó identificar y compartir información fáctica relacionada con los siguientes asuntos:
1) el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha y su conformidad con las normas internacionales aplicables; 2) reclamos sobre violaciones de derechos humanos; 3) cumplimiento de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; y 4) cumplimiento o incumplimiento de las políticas de Newmont y de las normas internacionales pertinentes.
Respecto a los derechos humanos, RESOLVE encontró que:
"Minera Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo que representa uno de los varios factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo en este conflicto. Al mismo tiempo, no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera violaciones de derechos humanos".
Sobre la propiedad y la posesión de la tierra en disputa entre Máxima Acuña y Yanacocha, señala:
"El proceso general de adquisición de tierras en este caso fue razonable. Sin embargo, la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande en la década de los 90 es compleja y no es concluyente".
Además, la investigación encontró que Yanacocha no cumplió con los propios reglamentos internos de Newmont:
"Pese a un alineamiento general con los Principios Voluntarios, existen brechas en el caso Chaupe, que incluyen la ausencia de una evaluación de riesgos específica para el caso, un análisis de causa raíz del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad que son motivo de preocupación".
"Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo".
Este informe es importante, ya que se trata de una investigación encargada por Newmont, accionista mayoritaria de Yanacocha, que reconoce que se pusieron en riesgo los derechos humanos de Máxima Acuña y su familia y no se cumplieron con las propias normas internas de la empresa estadounidense.
Lee el informe completo aquí:
Newmont Mining Corporation inició esta Misión en respuesta a las acusaciones de Máxima Acuña y su familia. Newmont le pidió a RESOLVE, una organización independiente sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial, organizar la Misión, que estuvo liderada por Tim Martin, exembajador de Canadá.
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