En su mensaje de asunción de mando, el 28 de julio pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski esbozó el enfoque de su gobierno sobre el manejo de conflictos sociales y aseveró que su gestión se enfocará en promover las inversiones, pero respetando al medio ambiente y la voluntad popular.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se suele decir. La gestión de la conflictividad social en el país está a cargo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Hasta el momento, el Ejecutivo, a través de la ODNS, ha atendido dos conflictos sociales: el de Urubamba, en Cusco, donde los ciudadanos realizaron un paro de 48 horas para protestar contra tres empresas. En esa localidad, se firmó un acta en la que el Gobierno se comprometió a gestionar una reunión entre representantes de la comunidad, los ministerios y autoridades para construir consensos.
El otro conflicto, heredado de la administración de Ollanta Huamala, es el de Las Bambas, en Apurímac, donde el Gobierno debe tener un rol activo ante la desazón por el incumplimiento de los compromisos asumidos, lo que ha motivado que la población retome las protestas contra las irregularidades en la modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero.
En este caso, la ODNS acordó continuar con el diálogo bajo cuatro enfoques que se abordarán en la siguiente reunión de la mesa instalada, prevista para el 6 de octubre próximo: medio ambiente y modificación del EIA, responsabilidad social empresarial, derechos humanos y derecho sostenible. Tía María (Arequipa) y Conga (Cajamarca) son otros de los dos casos emblemáticos que el Gobierno tendrá que asumir.
Hasta agosto pasado, la Defensoría del Pueblo reportó 208 conflictos sociales en el Perú. La mayoría de ellos vinculados con actividades extractivas y heredados de la gestión anterior. Según las cifras de esta entidad, del total de casos, en 123 de ellos se presentó al menos un hecho de violencia.
Revisarán compromisos asumidos
Una de las primeras directivas de la nueva gestión de la ODNS para el manejo de conflictos sociales fue revisar el núcleo de los compromisos asumidos durante el gobierno de Humala, en las cerca de 100 mesas de diálogo activas en todo el país, según informó El Comercio, que cita fuentes de la PCM.
¿El objetivo? Detectar compromisos inviables y asumir acuerdos factibles, así como realizar el seguimiento de los conflictos en marcha, en los que la idea es que los ministros no intervengan directamente en las mesas de diálogo, salvo casos puntuales.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha asumido nuevos compromisos. En casi todas las actas, 30 en total -a las que tuvo acceso El Comercio- la ONDS tiene un rol de garante y de visagra entre los sectores vinculados al conflicto.
José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, considera acertado que la gestión actual intente dar un mensaje de promoción de las inversiones y a la par de garante de los derechos civiles de las poblaciones afectadas por la actividad privada. "Es bueno que se proteja la política de inversiones y se protejan los derechos", indicó, tras subrayar que una de las prioridades del Ejecutivo debe ser aprobar el Sistema Nacional de Prevención de Conflictos para mejorar la coordinación entre los sectores del gobierno.
Transparencia
Sobre la revisión de los compromisos asumidos por la gestión nacionalista, el analista político Santiago Pedraglio señaló que el Gobierno debe ser transparente y precisar cuáles serán los criterios para considerar la inviabilidad de los acuerdos firmados con las comunidades. "Aquí se debe garantizar que la inversión no tenga más derecho que los ciudadanos", apuntó.
(Foto de cabecera: Inforegión)
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