México. 26 de septiembre de 2014. Un grupo de policías corruptos atacaron a tiros a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. El saldo: seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Dos años después, la herida sigue abierta, la masacre sigue plagada de dudas y de denuncias de inconsistencias en la investigación, lo que aviva la exigencia de los padres de los jóvenes de lograr justicia y verdad.
Este caso terminó de dilapidar la imagen del presidente Enrique Peña Nieto y sumió en el descrédito a su gobierno. Ante la incapacidad de las autoridades mexicanas, esta masacre ha sido investigada por dos grupos extranjeros de expertos en crímenes contra los derechos humanos y ha ocupado portadas de medios de comunicación del mundo entero.
La masacre convirtió iguala en un cementerio.
Según el último informe público, hay 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, 850 declaraciones, 1.651 actuaciones periciales y un expediente de 240 tomos y un cuarto de millón de folios. Pero las dudas son oceánicas y las certezas ínfimas. La sensación de impunidad no deja de acechar a los padres de las víctimas de la violencia que desangra a México. "Seguimos en el punto de partida. El Gobierno nos quiere ocultar la verdad", afirma el portavoz de los deudos de Ayotzinapa, Felipe Cruz.
La última consecuencia de la masacre agranda las sombras: la renuncia de Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal, quien era número uno del caso, y ahora es investigado por una posible manipulación de pruebas. Pero eso no ha sido óbice para ser apartado de las gollerías de la burocracia estatal; al contrario, Peña Nieto lo "premió" y nombró, nada menos, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad "en reconocimiento a sus acciones".
A propósito del segundo aniversario de esta tragedia, el diario El País preparó un especial multimedia en un video con tecnología 360º.
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