Para cumplir con su objetivo de defender los derechos ciudadanos, la Defensoría del Pueblo cuenta con 38 oficinas descentralizadas en todo el Perú. En las sedes regionales, el representante del Defensor del Pueblo y los comisionados reciben quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos. En Huánuco, el Jefe de la Oficina Defensorial es el abogado Pier Paolo Ricardo Marzo Rodríguez.

foto: defensoria.gob.pe

El último lunes, Pier Paolo Marzo Rodríguez cumplió con su labor de atender las quejas de los ciudadanos y acudió a la Urbanización Leoncio Prado, donde un grupo de vecinos protestaba contra la gestión del alcalde del distrito de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro, a quien acusan de abandonar una obra que provoca polvareda y afecta su salud.

Cuando cumplía sus funciones, sorprendentemente el Jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco fue detenido de manera arbitraria por policías.

En las imágenes se aprecia a Pier Paolo caminar mientras graba los hechos con la cámara de su celular, saluda a los vecinos que protestan y luego conversa con los policías. Uno de ellos lo coge del brazo y llama a otros para detenerlo. El Jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco levantó los brazos en señal de que él no estaba haciendo nada que merezca una detención de este tipo. Los vecinos protestaron, pero nada pudieron hacer mientras se llevaban al abogado Marzo Rodríguez.

foto: Cristina Beraún / perú21

Marzo Rodríguez fue liberado la noche del lunes y la Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento, rechazó esta arbitraria detención y pidió explicaciones a la Policía Nacional.

"La detención policial del jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco es un acto arbitrario que deberá ser explicado por las autoridades policiales independientemente de las medidas legales a que haya lugar y los correctivos en el comportamiento policial que correspondan. Revela, además, un preocupante desconocimiento de las competencias constitucionales de nuestra institución", afirmó.

Resaltó, además, que una de las principales funciones de este organismo es mediar en un conflicto social, "exhortar a las personas que decidan manifestarse públicamente a hacerlo de manera pacífica".

En un comunicado publicado este martes, el Ministerio del Interior afirmó que recibió "información contradictoria acerca de los hechos ocurridos" y anunció que la Inspectoría General de la Policía iniciará una investigación para aclarar lo sucedido.

Esperemos que actos como estos, de parte de la Policía, no se repitan, considerando que la Defensoría del Pueblo es una institución importante en la prevención de conflictos y en la defensa de los derechos ciudadanos.

Que efectivos policiales detengan a un representante del Defensor del Pueblo que lo único que hacía era atender las quejas de los vecinos contra su alcalde golpea más el prestigio de la Policía.


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