Escribe: Juan Carlos Ruiz, abogado ambientalista de IDL.

Distintos dirigentes de la comunidad nativa Nueva Alianza, del distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, afectada por el último derrame de petróleo, se preguntan esto, luego de que representantes de la empresa Petroperú que están en su comunidad les han ofrecido pagar 50 soles por día a quienes trabajen en la remediación. Y cuando se le pregunta a la empresa por qué se paga menos que lo que pagaron en Cuninico, donde se pagó 80 soles por día, y mucho menos que en Chiriaco, donde se pagó 150 soles por día. Se les dice que es por el cambio en el Directorio.

La verdad de las cosas es que detrás de la decisión de pagar menos está la teoría de los “incentivos perversos”, sostenida por el titular del MINEM, en un diario nacional. Según esta teoría, pagar tan altos precios por jornal diario, incentivaría efectos perversos, es decir, que los propios pobladores atenten contra el Oleoducto para beneficiarse de la remediación.

Lo primero que hay que decir con claridad es que se debe diferenciar “terceros” que atentan contra los ductos de la población de las comunidades nativas. No se puede culpar a las comunidades de lo que puedan haber hecho terceros inescrupulosos. No hay pruebas de que las comunidades hayan roto el Oleoducto, como lo dice el MINEM de forma irresponsable. El ministro incurre en un grave error cuando confunde a la población nativa, gravemente afectada por los derrames, con terceros ajenos a las comunidades que quieren beneficiarse con los trabajos de remediación.

Pero además, se debe precisar que no hay evidencia de que las comunidades nativas hayan sido responsables del atentado al Oleoducto en los últimos derrames. Si bien órganos como OEFA han señalado que han ocurrido atentados, el Ministerio Publico carece de evidencia que estos hayan sido cometidos por las propias comunidades nativas. De lo que si se tiene evidencia en cambio, es que Petroperú no hizo mantenimiento al Oleoducto Norperuano, como lo reconoció OEFA en su Resolución Nº 0844-2015-OEFA.  

No debe olvidarse que según Osinergmin, de los 190 derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano, 62 son por corrosión, 18 por causas naturales y 7 por fallas. Es decir, más de la mitad de los derrames son ajenos a la población nativa.

La tesis de los incentivos perversos, si bien se entiende, es cuestionable porque “simplifica” e impide una adecuada compresión del problema y se pierde de perspectiva la complejidad del problema, pues las personas dejan de ser importantes. Esta tesis de pagar poco a los indígenas por la remediación, no toma en cuenta que, luego de los derrames, se afecta la principal actividad económica de las comunidades kukamas que es la pesca. Los kukamas son un pueblo de navegantes y pescadores en palabras de Alberto Chirif. Luego del derrame, tal como ocurrió con los de la comunidad de Cuninico, ya no les compraron pescado por el temor a la contaminación, pues los peces están contaminados. En Maypuco, en Yurimaguas ni en Iquitos no compran pescado contaminado. Consiguientemente, pierden una fuente de ingresos fundamental.

Pero además, tal como ocurrió en Cuninico, como hubo más dinero en la comunidad, ocurrió un proceso inflacionario. Es decir, todo subió de precio. El jornal diario por chacra, la mano de plátanos, los alimentos, la comida. El dinero perdió valor. Los del gobierno deben evaluar bien este caso, pues existen muchos factores en juego, y sospecho que no están siendo tomados en cuenta al momento de fijar el pago a los que trabajen por día en la remediación. Un informe que pueda ayudar a tomar conciencia de los diferentes impactos sobre todo en la economía local, en la actividad productiva y en la alimentación es el que elaboró el Viceministerio de Interculturalidad, donde se documenta el impacto perverso de los derrames.

Tampoco se toma en cuenta los “nuevos gastos” que la comunidad tendrá que hacer, por ejemplo en materia de salud. Al igual que ocurrió en Cuninico, comenzarán a aparecer problemas de salud en los niños, ancianos, jóvenes, gestantes y bien sabemos que en Nueva Alianza ni en Cuninico en posta médica ni servicios de salud. Además, ahora necesitan comprar agua y alimentos, que antes no compraban pues sus chacras de donde obtenían alimentos han sido afectadas y ya no pueden tomar el agua del río. Es más, hay un impacto diferenciado del derrame en, como ya se señaló, niños, ancianos, jóvenes gestantes y jóvenes. Y eso que no hemos hablado del sufrimiento, el stress, la aflicción de las madres por no saber que darles de comer a sus hijos y por verlos enfermos. Y menos aún hemos hablado del impacto que los derrames generan en la cosmovisión kukama, toda vez que los ríos son lugares centrales y sagrados para estos pueblos. Los niños ya no podrán bañarse en los ríos como antes lo hacían, y si lo hacen, empujados por el calor quedaran enfermos muy posiblemente con problemas en la piel, tal como ocurrió en Cuninico. 

En definitiva, el Estado está tuerto, pues ve con un solo ojo este problema, no está viendo los otros impactos que traen los derrames en la vida cotidiana de las comunidades nativas afectadas. Finalmente, si no se quiere generar efectos perversos, se debe contratar empresas comunales, y no a empresas intermediarias, que luego subcontratan a los miembros de las comunidades afectadas.

(Fotos: Radio Ucamara)