El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos presentó este miércoles un informe preliminar de su visita a México y afirmó que perviven "ciertas variables culturales" a la hora de hacer negocios que pueden acarrear "daños irreparables" para el medio ambiente y las personas. 

Ciertos patrones "responden a una cultura" empresarial que "era normal hace unas décadas pero que hoy no se ve bien; las consecuencias negativas tanto ambientales como sociales se consideraban el costo del progreso", dijo Dante Pesce, miembro de la delegación que visitó el país desde el 29 de agosto.

"La tradición empresarial en México de esa lógica de anticipación de posibles contingencias no está bien instalada" en la actualidad, afirmó en rueda de prensa Pesce, quien señaló que en las compañías encuentran problemas de "compresión de conceptos y de práctica".

Hay que anticipar estos riesgos "de mejor manera", dijo el experto, una recomendación que extendió al resto de países, y asumir que "no todos los proyectos van a ser viables".

En su visita, los integrantes del grupo se reunieron con autoridades de los tres niveles gubernamentales (federal, estatal y municipal) y con representantes de empresas y de la sociedad civil.

Recibieron documentación de 61 casos sobre presuntas afectaciones a derechos humanos por parte de empresas, entre ellos los de los desastres ecológicos del Río Sonora, en el estado del mismo nombre, y el Río Santiago, en Jalisco, y el de la ampliación de un proyecto de parque eólico en Oaxaca.

Tras su trabajo, el grupo reflejó en su informe que las "principales preocupaciones" sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a empresas están relacionadas con "un ejercicio inadecuado de la debida diligencia por parte del Gobierno" y las compañías en el diseño e implementación de proyectos a gran escala.

Además, "las quejas no se atienden fácilmente y el acceso a la reparación es difícil para las víctimas".

Pese a que se han aplicado reformas que desde el punto de vista de los expertos son positivas, como el nuevo sistema de justicia penal, las nuevas medidas no llegan a todas las localidades y parte de los mexicanos siente que "la justicia es para otros" y que "el Estado no está a su lado", consideró Pesce.

El reporte, cuya versión final será presentada en la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2017, destaca que "el gran número de amparos" en casos de vulneración de derechos humanos por parte de empresas es una "clara indicación" de que los medios de solución de controversias o mediación no están surtiendo efecto.

Pesce indicó que otra de las "brechas" que hallaron en el país tiene que ver con la "falta de coherencia entre los tres niveles del Estado".

"No está claro quién tiene las responsabilidades y las obligaciones", lo que en la práctica "impide el pleno cumplimiento o el despliegue normativo", así como el ejercicio de derechos de manera total, argumentó.

Respecto a las Zonas Económicas Especiales, una propuesta ideada por el actual Ejecutivo con el objetivo de abatir la desigualdad en las regiones con mayor rezago social, las autoridades tendrían que "identificar" los riesgos y tomar medias de salvaguarda frente a posibles riesgos en derechos humanos.

"No estamos seguros de que este enfoque esté bien integrado en los mecanismos existentes", reconoció Pesce.

El presidente del grupo de trabajo, Pavel Sulyandziga, indicó que habitualmente, en las visitas que han realizado a otras naciones se llevan la impresión de que las autoridades y la sociedad civil viven en países diferentes por sus discrepancias sobre la realidad.

En el caso de México, durante los primeros días tuvieron "la impresión de que (autoridades y organizaciones civiles) viven en planetas diferentes", subrayó Sulyandziga, expresando su "preocupación" al respecto.

También indicó que todas las empresas a las que enviaron una solicitud de diálogo les respondieron, con excepción de una, el Grupo Higa, que "no reaccionó de forma alguna" a la propuesta.

El grupo de trabajo de la ONU acudió a México por invitación oficial, lo que constituye un gesto de "apertura" que muestra la "disposición a mejorar" del Estado, consideraron los expertos.

El Gobierno expresó que la visita del Grupo de Trabajo "es muestra del interés por colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos".

También demuestra la voluntad de "contar con orientación calificada de dichos expertos para guiar los esfuerzos nacionales en esta importante materia", indicaron en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía.


(Texto y foto de portada: Agencia EFE / Video: Aristegui Noticias / Youtube)

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