En el Perú aproximadamente el 74% de adultos mayores no reciben ningún tipo de respaldo por parte del Estado, un porcentaje que llega a la escandalosa cifra de 99% en poblaciones de extrema pobreza. El 90 de aquellos que viven en áreas rurales se ve obligado a continuar trabajando y alrededor del 50% se encuentra en la misma situación en zonas urbanas. Una realidad derivada de la falta de protección social producto de la informalidad en el mercado laboral.

Con estos datos, extraídos del documento Las características del adulto mayor peruano y las políticas de protección (de Javier Olivera y Jhonatan Clausen para la Universidad Católica), se cierra el corto Rostros del Olvido publicado en el portal El Gran Angular. Un registro breve pero chocante de la situación por la que atraviesan de los casi tres millones de peruanos que entran en esta clasificación. Un grupo de ciudadanos que no tienen pensión, ni jubilación, ni atención de seguro de salud.

El trabajo toma como muestra lo que sucede en la provincia de Chupaca, a 25 minutos de Huancayo, donde algunos sus adultos mayores deben ver la manera de sobrevivir vendiendo sus animales o material reciclable que ellos mismos deben tomarse el trabajo de recoger. Los pocos soles que consiguen por esta actividad sirve para poder mantenerse o incluso sacar adelante a sus nietos.

"Lucila Vargas, de 85 años y Celia Contreras de 73, tienen todas las características como para formar parte de los más de 400 mil usuarios que tiene Pensión 65, sin embargo, nunca han recibido respuesta a sus solicitudes. Lucila cría cuyes para poder vivir, le pagan entre 15 a 20 soles por cada roedor, de acuerdo al tamaño, vende unos tres o cuatro al mes", cuenta la periodista Magali Zevallos, autora del corto-reportaje estrenado en setiembre de 2015.


Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para el año 2025 estaríamos llegando ya a casi cuatro millones de adultos mayores. Una estimación que genera, según la Defensoría del  Pueblo, una demanda urgente de crear o mejorar los programas y servicios que les permitan gozar de una calidad de vida adecuada.

-infografía de El Gran Angular-

Según el PLANPAM 2013-2017 (Plan Nacional Para Adultos Mayores), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los programas Pensión 65 y Vida Digna tenían metas de ampliación acordes a su proceso de implementación. Sin embargo según testimonio de Raúl Rivadeneyra, Presidente de la Asociación Regional de Organizaciones de personas adultas mayores de Junín, hasta el 2015 muchos adultos mayores no habían podido ser incluidos en uno de los programas embles del pasado Gobierno, y aquellos que sí recibían solamente la mitad de lo prometido.

"En la campaña electoral del presidente Ollanta Humala te dice cuando yo llego al gobierno voy a firmar la ley de la pensión 65. El monto dijo que nos iba a dar 20 soles mensuales, pero una vez que llega prácticamente para decir que ha cumplido con su promesa sacó un programa de la pensión 65 pero no cumplio con lo que ofreció sino con la mitad. 12 soles que se tenía que pagar cada dos meses".

Otros datos escalofriantes son los índices de violencia sobre las personas adultas mayores. Según cifras del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones, solo entre el año 2010 y junio de 2014, 8,546 personas de más de 60 años fueron víctimas de violencia familiar. Un 72%  de tipo psicológico, un 26% de violencia física, e incluso un 2% de violencia sexual. Ello sin contar con aquellas que dentro de estos porcentajes se encontraban en situación de abandono.

Con la página volteada del Gobierno de Ollanta Humala, resulta interesante revisar solo algunas de las denominadas "metas emblemáticas" incluidas el PLANPAM, como que el 97% de la población adulta mayor cuente con DNI, la alfabetización de 48,000, que el 72% cuenten con un Seguro de Salud, el 66% mayores de 6 años contara con una pensión, reducir a 5% la brecha de la pobreza en los hogares con personas adultas mayores, entre otras.

Con todo ello la pregunta obligatoria resulta entonces: ¿cuánto se ha avanzado y cuánto siguen sufriendo una de las poblaciones menos atendidas del país?



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