El periodista Daniel Yovera da testimonio del proceso que tuvo que enfrentar por una querella en su contra por supuesta difamación, que presentó el magistrado Juan Carlos Vidal Morales, uno de los más antiguos de la Corte Superior de Lima. Después de cinco años, el caso fue archivado por prescripción.
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- Escribe: Daniel Yovera (@danielyovera)
Parece casi una regla que políticos en problemas judiciales recurran a la prescripción, a las excepciones, a los amparos y a cuanto recurso puedan echar mano para evadir su responsabilidad ante la justicia.
Sé que son figuras perfectamente legales y constitucionales, pero, lamentablemente, frecuentemente manoseadas.
Esto último me llevó a presentar, hace más de un mes y medio, un pedido para renunciar a la prescripción en la querella por difamación que planteó contra mí hace cinco años y ocho meses el vocal superior Juan Carlos Vidal Morales, uno de los más antiguos de la Corte Superior de Lima.
Me querelló porque en noviembre del 2010 publiqué en Perú.21 tres informes sobre una investigación a la que dicho magistrado fue sometido por la OCMA y la Fiscalía de la Nación, por presunto desbalance patrimonial. Según Vidal, las publicaciones truncaron su aspiración a convertirse en presidente de la corte de justicia más importante del país.
Mi escrito presentado al juez que debía resolver la querella decía:
“De conformidad a lo dispuesto por el artículo 91 del Código Penal, ejerzo mi derecho de renunciar a la prescripción de la acción penal; por ende, solicito se sirva declarar la nulidad del auto de fecha 1 de junio de 2016, que declaró prescrita la acción penal y se proceda emitir la correspondiente sentencia absolutoria”.
Ocurre que el 1 de junio, días después de haber escuchado mis argumentos y los de Vidal Morales, el juez del 5to Juzgado Penal de Lima, César Martel Velazco, declaró sin demora la prescripción del caso y su archivamiento definitivo.
Mi solicitud planteaba continuar con la acción penal, pero el juez la desestimó y el 17 de junio ordenó acatar su decisión. No dejaba otra opción.
Mis abogados –Augusto Loli y César Pantoja– me explicaron que el fallo no era apelable, pero que quedaba una salida: que sea el querellante, Juan Carlos Vidal, el que apele. Total, era su oportunidad para insistir en su objetivo de que me dieran escarmiento.
Pero Vidal me decepcionó. No apeló.
Y, entonces, el caso quedó definitivamente cerrado. ¿Por qué quería yo continuar con el juicio? Por las siguientes razones:
1) Los reportajes que publiqué en Perú.21 sobre el presunto desbalance patrimonial de Vidal se sustentaron en documentos oficiales. No hubo difamación;
2) Quería ganar el juicio con absolución, no con prescripción.
3) El propio querellante, cuando fue investigado por la OCMA, pidió la prescripción de la investigación en su contra. ¿Hacer lo mismo? No;
Loli y Pantoja, excelentes penalistas, lo entendieron, y también lo entendió el gerente legal de El Comercio, Karím Merzthal, a quien busqué para preguntarle si mi decisión le irrogaría al diario un gasto significativo, toda vez que en tanto los informes se publicaron en Perú 21, el “decano” es el que ha costeado mi defensa. Merzthal, como buen abogado, me respondió que no había problema, y que “adelante”.
Pero no íbamos a lanzarnos a especular ni menos a esperar un golpe de suerte. Ya teníamos a nuestro favor dos decisiones de primera instancia de los años 2010 y 2012: un “no ha lugar” y una absolución. Por cierto, el juez que en diciembre del 2010 emitió el “no ha lugar”, Juan Buendía Valenzuela, fue retirado de la judicatura tres días después por el entonces presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega.
El problema se presentaba en la segunda instancia. Por ejemplo, un día me notificaron una resolución desfavorable a mí, de la Quinta Sala Superior Penal de Lima, que decía:
“Estamos firmemente convencidos [de] que el periodista Daniel Yovera Soto acumuló copiosa información [sobre Vidal], más, sin embargo [sic], voluntariamente omitió citar algunos datos […] era menester que la A quo [juez de primera instancia] verificase si dicha información dejada de lado, respondió a motivos ajenos a la loable labor periodística”.
Los señores vocales de la Corte de Lima que firmaron esa resolución, colegas de Vidal, estaban segurísimos de que este periodista llegó a acumular “copiosa información”, y que deliberadamente omitió dar cuenta de ella.
Eso me hizo preguntarme si, además de dictar justicia con el Código en la mano, algunos vocales echarían mano de recursos quirománticos. Porque, ¿cómo puede alguien asegurar algo que no ha constatado? No pude despejar mi duda, pues llamó mi atención otro párrafo:
“Deberá evaluarse… si al propagar la noticia se tuvo [el periodista] en cuenta el prestigio profesional de la persona investigada”.
Es decir, colegas, pensémoslo bien antes de investigar a algunos funcionarios. No vaya a ser que gocen de “prestigio”.
A pesar de aquellos notables apuntes jurídicos, en ningún momento intentamos huir por la ventana del proceso, menos presentar recursos dilatorios… o escapatorios. Nos sometimos a cada citación, a cada audiencia, a cada informe oral, a cada decisión judicial.
Hace dos meses, cuando se reinició este juicio, acudimos a la audiencia a exponer nuestros alegatos y luego decidimos presentar un escrito de renuncia a la prescripción. Ya señalé cuál fue la respuesta del juez.
Releer hoy algunas decisiones judiciales emitidas a lo largo de este proceso, torna inevitable que piense en la justicia de este país. Que lo digan, sino, mis colegas Fernando Valencia –felizmente, al cierre de esta edición la Cuarta Sala Penal de Lima había anulado la condena en su contra por la querella que le interpuso el Dr. García–, o Rafo León, a quien sentenciaron absurdamente.
También hace que ratifique mi posición respecto de asuntos reñidos con la ética y la moral en este país.
En fin, esta querella está cerrada definitivamente. Estoy seguro que de haber continuado la hubiese ganado.
Termino expresando mi enorme agradecimiento a mis excelentes abogados Augusto Loli y César Pantoja –era un placer ver a Loli desbaratando en audiencias los argumentos de Vidal y de los abogados que representaban a su defensor, el penalista Julio Rodríguez–, a Karím Merzthal, gerente Legal de El Comercio, a Fritz du Bois (QEPD), a Mito Tumi y a Dan Flores, de Perú.21.
A Adriana León y a Roberto Pereyra, del IPYS, por haber llevado mi caso a la última audiencia de la CIDH en Santiago de Chile sobre libertad de expresión. Y a mis preocupados y solidarios colegas y amigos José Godoy, Claudia Cisneros, Rosa María Palacios y Fernando Valencia, y a los medios y programas que en su momento dieron cuenta del caso: La República, Diario 16 (que dirigía Valencia), La Mula, Útero, diario Exitosa, Hildebrandt en sus Trece, Pedro Salinas en su programa en radio Exitosa, y Al Estilo Juliana, de Juliana Oxenford.
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