La procuraduría del Ministerio de Defensa (Mindef) ha solicitado que se anule lo actuado por el Poder Judicial sobre los casos de violaciones sexuales, cometidos por efectivos de las fuerzas armadas, durante la época de la violencia política ocurrida en el país entre 1980 y 2000, contra mujeres campesinas y quechuahablantes.
Esto fue denunciado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que agregó que el Mindef argumentó que el Estado no fue notificado como tercero civil responsable, y que por ello no hubo respeto al debido proceso, lo cual fue considerado "una estrategia para entorpecer el juicio".
La abogada Rossy Salazar, de Demus, que representa a tres víctimas de violaciones sexuales por efectivos militares destacados en las bases de Manta y Vilca, en Huancavelica, recordó que el propio Mindef, en resolución del 14 de diciembre del 2015, pidió a la Sala Penal "resolver su intervención como tercero civil responsable".
“Ellos tenían conocimiento de su notificación en el juicio como tercero civil responsable, incluso sustentan y presentan la nulidad, luego el 4 de abril hay una audiencia para resolver ese detalle. La intervención de la Procuraduría exigiendo nulidad es parte de una estrategia para que el juicio no continúe, intentan retrasarlo y eso significaría una nueva vulneración para las víctimas que esperan justicia hace 30 años”.
Por su parte, el abogado Víctor Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió:
“Lo que va a ocurrir es una dilación aun mayor de la que ya tenemos, pues a un mes no hemos iniciado formalmente la oralidad de la acusación fiscal, ni la sustentación de pruebas por parte de las partes involucradas, es un retraso que perjudica a todos”.
Este 12 de agosto, la Sala Penal Nacional no solo deberá ver el pedido del Minder, sino que debe definir si aceptan el pedido de prescripción presentado por uno de los acusados; y si las audiencias serán públicas o reservadas.
Las víctimas han solicitado que dichas audiencias sean públicas, "para que la población pueda conocer las terribles experiencias que vivieron y que no deben quedar en la impunidad".
En el contexto de la campaña Ni Una Menos, Sayda Lucas, de Demus, ha expresado sobre el caso:
“Nos ratificamos en la demanda de un juicio ágil, justo y transparente. Esperamos que en este contexto en el que las mujeres peruanas han anunciado la movilización NI UNA MENOS contra la violencia de género, el Poder Judicial no tenga un caso más de impunidad en su haber”.
Foto de cabecera: Andina.
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