Si un hombre golpea, intenta violar y hasta matar a una mujer, puede quedar libre en el Perú. Los casos de Cindy Contreras y Lady Guillén, víctimas de agresión e intento de feminicidio, en los que sus agresores han quedado en libertad, constituyen casos de impunidad que son un mal precedente para la justicia peruana, señaló la directora de la ONG Flora Tristán, Liz Meléndez.
"Rechazamos estos casos de impunidad, creemos que los casos de Cindy y Lady son un mal precedente de cómo la violencia hacia las mujeres es relativizada. Quiero llamar a la responsabilidad sobre el Poder Judicial. De nada sirve que se tomen medidas para impulsar las denuncias, que la Policía actúe, que los servicios funcionen, si es que finalmente se toman este tipo de decisiones que van en contra de toda lógica", afirmó en declaraciones a N Directo.
En el caso de Cindy Contreras, el agresor Adriano Pozo fue sentenciado a 1 año de prisión suspendida y una reparación de 5 mil soles, cuando en las imágenes difundidas en medios de comunicación y redes sociales se puede apreciar a él arrastrándola de los cabellos y golpeándola en el suelo. Al interior de la habitación de un hotel en Ayacucho, él la intentó violar y la ahorcó hasta hacer que los vasos sanguíneos de sus ojos se revienten y provocando que pierda el conocimiento.
Para Meléndez, este caso estuvo mal planteado. "En el caso de Cindy, la forma de juzgar el caso ha sido por lesiones leves. No se está valorando cuál es la gravedad de la violencia porque la denuncia debió haber sido por tentativa de feminicidio e intento de violación", señaló.
La directora de la organización defensora de los derechos de la mujer resaltó que "más del 42% de mujeres que no denuncian los hechos porque creen que no se va a hacer justicia".
"Lo que nos dice el Poder Judicial con estos fallos es que no importa que denunciemos la violencia porque igual los agresores van a quedar libres", dijo.
Meléndez pidió que se investiguen a los magistrados que juzgaron estos casos, debido a la evidencia y pruebas mostradas y la ausencia de proporción en las sentencias, comparadas al fallo contra una mujer que golpeó a un policía, condenada a 8 años de prisión efectiva.
(JLPA / Foto de portada: Andina)
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