Activistas de Amnistía Internacional hicieron la primera entrega de cientos de firmas recogidas en la última semana a nivel mundial para exigir justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú.

La organización anunció que continuarán con la acción hasta que la fiscalía encargada de la investigación del caso presente la acusación formal contra los responsables. 

"Con esta entrega de firmas queremos que la fiscalía cumpla con su obligación de sancionar legalmente a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares", dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

El 4 de julio venció el plazo solicitado por la fiscalía para presentar una acusación en contra de las personas responsables de 2,074 casos de esterilización forzada de mujeres ocurridas en Perú a finales de la década de los noventa.

Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.

Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas mujeres no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y dieciocho de ellas murieron.

"Estamos a la espera de que la fiscalía presente una acusación que sea el primer paso para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparaciones para las víctimas y sus familias", agregó Navarro.