Las instituciones educativas, dada su naturaleza de centro de formación, deberían ser uno de los lugares donde los niños y adolescentes se puedan sentir más seguros y protegidos. La realidad en nuestro país, sin embargo, muestra entre sus problemas más terribles recurrentes denuncias por violación sexual de parte de los profesores, quienes pocas veces llegan a recibir sanción justa y ejemplar.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir estos hechos? ¿Cuántos casos han obtenido justicia? ¿Qué acciones se han ordenado a favor de las y los denunciantes? ¿Existe apoyo psicológico y legal para las víctimas? Ni el Estado ni la sociedad velan realmente por las víctimas. A quienes es injusto que caiga toda la responsabilidad de formalizar denuncias contra los agresores, ella debe ser de la sociedad civill en su conjunto. A pesar de eso, se ha impuesto una cultura de silencio y complicidad.
Como prueba de esto, podemos ver que en menos de un mes dos casos han aparecido en la palestra nacional, llamando la atención de la sociedad y los medios de comunicación. En primer lugar está el caso del profesor Luis Vásquez Da Silva en Cajabamba, quien fue acusado de violación sexual a 17 escolares, y que luego de muchos años fue detenido. Vásquez, más conocido como 'el monstruo de Cajabamba', terminó suicidándose al poco tiempo de su captura.
También fue sonado el caso de Alamiro Malca Guevara, acusado de ultraje sexual a cuatro menores en colegio de Namora. Ambos casos ocurrieron curiosamente en Cajamarca, así como el que involucra a Jean Cotos Alba. El actor y profesor de actuación fue denunciado públicamente por sus exalumnas de tocamientos indebidos y abuso sexual en el distrito de Villa María del Triunfo.
Estos no son casos aislados, y merecen medidas concretas e inmediatas. Es por eso que la Organización de la sociedad civil Demus ha emitido un comunicado exhortando al Estado y miembros de toda la sociedad civil a seguir una lista de indicaciones al tratar y pensar sobre el tema. Publicamos el comunicado en las lineas siguientes:
DEMUS alerta a la ciudadanía y la exhorta a exigir que las autoridades, medios de comunicación, fuerzas políticas y sociedad civil tomen acción para la protección de los niños y adolescentes en las aulas. En ese sentido, hace un llamado también a no difundir información errónea y sensacionalista que termine por lograr impunidad para los violadores. En ese sentido:
1. Recomendamos a la prensa nacional dejar de calificar como “monstruos” a los violadores sexuales. Si decimos que los violadores son “monstruos”, estamos asegurando que son una excepción en la sociedad, cuando las cifras alarmantes de violadores en la familia y por parte de parejas y ex parejas son evidentes. De cada 10 violaciones 9 son cometidas por hombres, la mayoría son familiares (padres, hermanos, tíos, primos, etc.), personas cercanas y de confianza como los profesores. Los violadores no son ‘monstruos’, porque no son criaturas anormales que violan el orden natural y que tienen apariencia terrible, según el significado de la palabra. No todos los violadores son enfermos mentales. Si bien hay posibilidades de que existan psicopatologías, estas no son determinantes para violar. Además, no todos los problemas de salud mental libran de responsabilidad, pues existe un acto de decisión de por medio.
2. Producto del patriarcado y el machismo imperante en la sociedad hay una cultura de superioridad de los hombres frente a las mujeres que hace que estos dispongan de sus cuerpos y sus vidas. Hay muchos hombres formados para violar en base al uso de premisas como “las mujeres siempre están dispuestas para ellos”, situándonos como objetos de propiedad subalternos al deseo y voluntad masculinos. A ello se suma que creen que las mujeres somos las que provocamos y responsables de la violación sexual.
3. Los medios de comunicación, como la sociedad en general, suelen ser indiferentes a la problemática de la violencia sexual, del horror, dolor y daños en las víctimas a corto, mediano y largo plazo. Como ejemplo, en el caso del profesor violador en Cajabamba, la atención se centró en su historia personal y el suicidio dejando de lado los derechos de las víctimas a justicia y reparación.
4. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como ente rector de la política contra la violencia hacia las mujeres, así como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Justicia deben tomar medidas para garantizar el derecho de las víctimas a recuperar su salud física, mental y sexual y se adopten medidas para garantizar que la comunidad de Cajabamba pueda denunciar, proteger y lograr justicia en los casos y cuidar a las niñas, niños y adolescentes.
5. El ejecutivo, las autoridades locales y regionales deben informar qué medidas han adoptado en los colegios. Además, conocer cuáles han sido las medidas adoptadas por las rondas campesinas, la DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, los establecimientos públicos de salud y la defensa jurídica para que estos casos no se repitan.
6. La pena de muerte a los violadores ha sido demagogia electoral por parte de apristas y fujimoristas en diversos periodos de campaña electoral. No es una solución para la prevención de los crímenes ni para la justicia.
7. En el caso del presunto suicidio del violador de Cajabamba, informado oficialmente por la PNP y el INPE, y que exige una investigación de los sucesos, tampoco es reparador ni justicia; mucho menos cuando podría tratarse de un caso de ajusticiamiento.
La violencia sexual en el país debe ser un asunto de todas y todos los peruanos. Y no tratarse como si fuera un caso excepcional, porque hay vidas de niñas, familias, comunidades y pueblos de por medio. No se alivia tanto daño y dolor con manifestaciones condenatorias. Son tiempos para enfrentar la justicia e impunidad. No esperemos que nos suceda.
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