El pasado 26 de mayo, el Congreso de la República aprobó la Ley de Búsqueda de Desaparecidos, que permitirá acelerar el encuentro de sus restos, para que sus familiares puedan darle un entierro digno. Sin embargo, el presidente Ollanta Humala aún no la promulga, y el plazo para hacerlo vence este viernes 24 de junio.
De concretar su observación, este proyecto de Ley vuelve al Congreso, que tendrá que levantar las observaciones. Pero como el Pleno ya no se reúne de manera oficial, la junta de portavoces tendrá que citar a uno extraordinario, hecho que es bastante difícil, debido a que la mayoría de congresistas están cerrando sus memorias.
En ese escenario, Gisela Ortiz, integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, advirtió que "el siguiente Congreso", con mayoría fujimorista, "tendría que volver a discutir la ley".
"Esto sería volver a empezar, y habría que pedir otra vez a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Justicia que presenten otro proyecto".
¿POR QUÉ HUMALA OBSERVARÍA LA LEY?
Ortiz dijo a Lamula.pe que según fuentes anónimas, Humala "está pidiendo opinión a varios ministerios, como el de Justicia, de la Mujer, de Economía y Finanzas".
"Esto nos parece extraño porque antes que fuera aprobada por la Defensoría, la Ley fue elaborada por el Ministerio de Justicia; y estuvo casi un año 'paseándose' por varios ministerios para que den su opinión, hasta que en octubre del año pasado fue aprobada por la junta de viceministros. Por eso no entendemos la necesidad de volver a preguntar a los ministerios sobre la norma".
Pero además de la nueva consulta a los ministerios, otra razón sería un asunto de presupuesto, y que habría presiones del Ministerio de Economía y Finanzas en ese sentido. Por ello, Ortiz criticó:
"Para otras cosas somos un país rico, marca Perú; pero cuando se trata de ejecutar derechos, somos un país pobre, no hay presupuesto, y pensamos que se puede ir postergando. La mirada debe ser humanitaria, pensando justamente en el dolor de los familiares por hechos que ya llevan más de 30 años".
Ortiz reconoció que implementar esta norma "no será barato", debido a que, por ejemplo, se necesitará gestionar un banco genético para encontrar las identidades. Sin embargo, sostuvo que en la primera etapa se puede contar con el concurso del Ministerio Público, el Equipo Forense Especializado y las organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar con información. "Allí recién se va a elaborar un plan de búsqueda, luego de ello se empieza", explicó.
LAS PROMESAS INCUMPLIDAS Y LOS COMPROMISOS POR CUMPLIR
Ortiz recordó que en mayo del 2011, en plena campaña electoral, Humala leyó su "compromiso por la democracia" en la Casona de San Marcos, el que se comprometió a cumplir con los familiares de las víctimas de la violencia política; pero, a punto de culminar su gobierno, no ha avanzado en ese sentido.
"En cinco años no ha implementado nada; que al menos ahora que está de salida deje algo para los familiares de las víctimas".
Recordó que gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del 2006, el Estado peruano estaba obligado a identificar los cuerpos de las víctimas del caso la Cantuta.
"El Ministerio de Justicia le dio el encargo a la Fiscalía, y el tema está en la Cuarta Fiscalía desde el 2013; y hasta el momento, más allá de tomar las fotos en el lugar de los hechos, no se ha hecho nada".
En cuanto al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, recordó que poco antes de la segunda vuelta firmó un compromiso para ponerle presupuesto al plan de búsqueda, "incluyendo el tema del banco genético".
Finalmente, Ortiz dejó una reflexión sobre la inacción del Estado en estos años:
"La actual respuesta del Estado se basa en la denuncia penal para que el Ministerio Público busque; y esto no funciona, no es ágil, es demasiado burocrático. En el caso La Cantuta, tenemos cinco cuerpos desaparecidos desde hace 24 años y no los ubicamos en su momento. Con este ejemplo nos damos cuenta de que no hay una disposición. Los familiares tenemos derecho a saber lo que pasó, a recuperar esos cuerpos, a identificarlos y enterrarlos dignamente. El Estado peruano tiene la obligación de implementar todas las medidas necesarias para garantizar estos derechos. No podemos hablar de reparación económica solamente cuando la primera obligación del Estado es encontrar esos cuerpos y devolverlos a sus familias, y no cumple".
OTRAS VOCES
Quienes también se expresaron fueron Raida Cóndor y Carmen Amaro, madre y hermana de Armando Amaro, una de las víctimas del caso La Cantuta.
Raida Cóndor expresó su pedido al presidente Humala:
"Mi hijo fue secuestrado y desaparecido hace 24 años. No encontramos los restos de mi hijo. Yo, como madre, pido al presidente de la República que firme esta ley de búsqueda para encontrar a los desaparecidos, y para poder enterrar a mi hijo y estar tranquila; y que tenga un lugar donde pueda llevarle una flor".
Por su parte, Carmen Amaro expresó:
"Para nosotros, como familiares de víctimas, es crucial que esta ley se promulgue. Tiene un valor simbólico y reparador, porque es difícil ver pasar los días, meses y años y no saber dónde está tu ser querido. Es un derecho enterrar a tu familiar con dignidad; y no que ese dolor siga porque el duelo no ha cerrado. Sientes que algo falta en tu vida. Sería diferente si supiera dónde está mi hermano y habría un reencuentro permanente; pero no hay una tumba de él. Humala ha gobernado de espaldas al derecho que como familiares tenemos. Los responsables fueron agentes de un aparato del Estado, y el Estado debe responder, pero vulnera tus derechos".
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