La vida en El Salvador será inviable en 80 años por la crisis hídrica, que recientemente llevó al Gobierno a declarar una emergencia nacional, concluye un estudio realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dado a conocer este miércoles. Es así que el titular de la PDDH, David Morales, afirmó: 

"De acuerdo a los análisis científicos realizados por diferentes organizaciones internacionales y analizados en el presente estudio, si seguimos en esta lógica de deterioro, de degradación de los bienes hídricos en El Salvador, en 80 años la vida será inviable en el país".

El ombudsman salvadoreño señaló que el estudio da cuenta de que en 80 años 'la disponibilidad per cápita de agua' se reducirá en un 83 % en esta nación, en la que unas 600.000 familias del área rural no tienen acceso al agua potable:

"El estudio estaría reflejando la progresiva degradación de nuestros mantos acuíferos, aguas subterráneas y el deterioro de nuestras cuencas, especialmente en el oriente del país".

Por su parte, el experto que realizó el estudio, Julio Basagoitia, señaló que la disminución de la disponibilidad de agua no se debe solo a los efectos del cambio climático, sino también a la 'eliminación de áreas boscosas, el avance urbanístico y una agricultura basada en monocultivos':

"Las recomendaciones (del estudio) van giradas a que debemos de conservar nuestra cobertura arbórea" y "tener un giro en el paradigma urbanístico que tenemos".

El experto expuso que en 2016 'se han roto récords históricos' de disminución de los caudales de los ríos principales.

Añadió que en el país centroamericano existe una 'contaminación legal' del agua, como el vertido de aguas residuales a los ríos que afecta al menos el 89 % de las aguas superficiales:

"Hay acuíferos que ya exceden los estándares de poder ser potabilizados mediante métodos tradicionales, se tienen que usar tecnologías más desarrolladas".

En este sentido, el procurador Morales acusó al Estado salvadoreño de ser 'pasivo' ante esta situación:

"Estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo, estamos destruyendo nuestra viabilidad como nación y me parece inaceptable la pasividad del Estado".

Morales fue más específico y responsabilizó al Congreso que desde 1996 debate la creación de la Ley General de Aguas y de establecer el acceso al líquido como un derecho humano en la Constitución.

Para el defensor, la 'intervención' del Estado en la crisis del agua es 'urgente'.

El pasado 14 de abril el Gobierno salvadoreño decretó emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central, y puso a disposición de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 3,5 millones de dólares para construir cuatro nuevos pozos.

Por otra parte, la semana pasada, un ingenio azucarero derramó miles de galones de melaza de caña en el río Magdalena, en el occidental departamento de Santa Ana, lo que comprometió el abastecimiento de unas 400 familias y la muerte de la mayoría de los peces.

La contaminación generada por este derrame ha llegado hasta Guatemala. (EFE)

(Foto de cabecera: elsalvador.com)