La comisión de la ONU que investiga los crímenes en la actual guerra civil en Siria denunció hoy que está en aumento la tendencia a atacar de forma indiscriminada hospitales y al personal que trabaja en ellos. En ese sentido, el presidente de la comisión, Paulo Pinheiro, dijo por medio de un comunicado:

"Este flagrante desprecio por el derecho humanitario internacional no es nuevo, pero sí lo es la continuación de una tendencia ya existente a atacar centros y personal médico, lugares de refugio e infraestructura necesaria para la supervivencia de los civiles".

En este contexto, la Comisión condenó los recientes ataques contra hospitales y clínicas en Alepo, así como los llevados a cabo contra un campamento de desplazados en Idleb:

"Esto demuestra que el precio más alto del conflicto lo están pagando los civiles".

El órgano de la ONU resaltó que un principio esencial del derecho humanitario internacional implica que todas las partes de un conflicto distingan entre objetivos legítimos e ilegales.

Es así que consideró que los recientes ataques son ilegales y. en algunos casos, crímenes de guerra:

"Aquellos que no respetan la ley deben asumir las consecuencias. La rendición de cuentas debe formar parte del proceso pacificador en Siria. Hasta que la cultura de la impunidad no se desarraigue, se seguirá atacando a los civiles".

La comisión reiteró su apoyo a los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto, así como su voluntad de investigar y documentar todas las violaciones ocurridas durante la guerra, independientemente de quien las cometa.

Desde fines de abril se han llevado a cabo más de una docena de ofensivas contra instalaciones médicas en la provincia de Alepo, que deberían estar protegidas de ataques de este tipo en virtud del derecho humanitario internacional.

Asimismo, el pasado día 5 se produjo otro ataque aéreo contra el campo de desplazados de Sarmanda, en la provincia de Idleb, en el que murieron y resultaron heridos decenas de civiles.

Aunque la autoría de los ataques no ha sido confirmada, las fuerzas gubernamentales y sus aliados son los únicos que cuentan con la aviación necesaria para perpetrarlos, según han coincidido distintos observadores y organizaciones de derechos humanos. (EFE)

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