La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Marcela Huaita, expresó su preocupación por la exclusión de las reformas aprobadas en la Ley 30364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar”, del proyecto del nuevo Código Penal.
Señaló que los conceptos sobre familia extendidos a la violencia ejercida por padrastros, madrastras, hermanos, hermanas, primas, primos, tampoco están contemplados en ley que modifica el Código Penal.
Asimismo, la Ley 30364 reconoce el interés superior del niño y la niña en casos de violencia, sin embargo la última propuesta penal sobre faltas contra la persona, solo aumenta la pena si la víctima es menor de 14 años, y deja desprotegidas a las víctimas cuyas edades estén entre 14 y a 18 años, quienes siguen siendo niños de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes.
Explotación y prostitución
Por otro lado, la propuesta aprobada en comisión del Congreso no define adecuadamente el tipo penal de explotación sexual y más bien lo denomina "prostitución" de menores –una niña o niño no elige prostituirse-.
“No existe prostitución infantil. Debemos llamar las cosas por su nombre, diferenciarlas y sancionarlas acorde a ello. En el caso que hayan involucrados menores de edad, siempre estaremos ante un delito de explotación sexual. El Perú lamentablemente es destino de turismo sexual, y hay figuras que no están siendo agravadas. Tenemos que revisarlo porque es un tema en el cual hay mucha sensibilidad, y creemos que el Congreso está preocupado por este tema”, dijo Huaita al respecto.
Acoso callejero
Asimismo, la Ley 30314 aprobada también el año pasado por este Congreso reconoció la problemática del Acoso Sexual Callejero. Con la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia, se desprotegería a las víctimas, dado que se ha incluido la obligatoriedad de que estos actos, exhibiciones, gestos y conductas sexuales en espacios públicos deban realizarse frente a terceros, frente a la norma anterior que solo exigía que fueran realizados en lugares públicos.
“Nosotros interpretamos que la exigencia de que haya un tercero es un impedimento a la víctima para denunciar el acoso sexual que se da, haya o no un tercero”, dijo.
La ministra llamó a la reflexión a los integrantes del Congreso de la República que tendrán en sus manos la decisión de reafirmar la posición de un Estado contra la violencia familiar y sexual en todas sus manifestaciones, que priorice a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
A la conferencia de prensa conjunta asistieron también los titulares del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y el Presidente del Consejo de Ministros.
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