Las normas que permiten condenar penalmente y con multas millonarias a quienes escriben sobre asuntos de notable interés público son abiertamente desproporcionadas, como lo muestran los dos casos más recientes en el Perú. Es francamente inadmisible tanto la condena penal contra un periodista que escribió contra el expresidente Alan García como el hecho de que otro importante periodista tenga que estar sometido a la zozobra de una eventual condena penal por escribir una sátira contra una persona que, para el momento de la columna, era directiva de un importante diario nacional. 

El derecho penal no existe para encarcelar a quienes cuestionan a funcionarios o personajes públicos. Esa figura es propia de los regímenes más autoritarios. En los Estados democráticos, cuando un periodista es demandado por difamación, solo cabe la condena civil y esta solo procede si queda demostrado que afirmó hechos falsos y difamatorios, sabiendo que eran falsos o con absoluto desprecio por la verdad.

La prueba de la notable desproporción de las normas penales de injuria y calumnia aplicadas a favor de personajes o funcionarios públicos queda en evidencia en estos casos y por eso se ha sostenido, de manera reiterada, que esas normas deberían ser retiradas del ordenamiento jurídico. En todo caso, si no son derogadas, los jueces deben aplicarlas de conformidad con los más altos estándares del sistema interamericano y, en consecuencia, evitar su uso para sancionar a quienes cuestionan a funcionarios o personajes públicos. 

El principio 10 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

Es natural que a las personas no les guste que los critiquen. Eso me parece humano, pero por eso mismo, el derecho tiene que corregir que las personas que tienen poder, frente a ese disgusto, utilicen ese poder para silenciar la crítica. Porque eso conduce a que no haya control social, eso conduce a que haya más corrupción, a que haya violaciones de derechos humanos, a que pueda haber abuso de poder, y eso destruye los cimientos de la democracia, porque no hay control. Hay una cooptación de grupos de poder, de grupos que no están interesados en que haya más y mejor democracia, sino en sus propios intereses. 

No. Deberíamos tener sistemas y ordenamientos jurídicos que protejan a la crítica y que no estuvieran constituidos como una espada de Damocles para criminalizarla. Es cierto que esas normas casi no se usan, pero se usan sobre todo en dos circunstancias. Cuando llega un régimen autoritario las usa. Esas normas no sirvieron para limitar la prensa chicha durante el gobierno de Fujimori, y estaban vigentes, y no sirvieron. Pero para lo que sí sirve es para que en Ecuador el presidente haya logrado condenas contra por lo menos ocho personas, porque él sintió que lo estaban injuriando. Entonces, son condenas penales, o condenas símiles a 1 millón de dólares a cada persona, porque el presidente sintió que a él lo estaban ofendiendo. Entonces, la norma se aplica sobre todo en regímenes autoritarios, o se aplica a periodistas de provincia.

En el Perú hay un caso increíble de un periodista que le dice a un funcionario público que es un 'enano erótico', y termina embaucado en un proceso penal de años, teniendo que pagar un abogado, sabiendo además que ese funcionario tiene una injerencia sobre el Poder Judicial, sin la certeza de que no lo van a condenar, porque como la norma es tan ambigua pues claro que se pudo haber sentido ofendido porque le dijeran eso. A mí no me parece una ofensa, pero estamos en el punto de qué es una ofensa. Ser enano es una condición física, es como decir que tengo el pelo negro; y erótico, al contrario, puede ser un halago incluso. Entonces, estamos en manos de la discrecionalidad de los jueces, y una persona no puede poner su libertad en manos de ellos. El derecho tiene que decir exactamente lo que está prohibido y lo que está permitido. Pasa en los casos de Perú, en esos casos absurdos donde se ha aplicado la norma, para un poco castigar la crítica que hicieron estos periodistas de provincias de funcionarios públicos.

En Perú, las leyes penales de difamación están en vigencia y en general, se aplican. Los periodistas son amenazados habitualmente con ser acusados con cargos penales por injuria, calumnia y difamación.

Claro, y un periodista crítico se lo va a pensar dos veces si sabe que va a tener que estar cinco años sometido a un proceso penal porque no tiene cómo pagar un abogado, porque está asustado. Entonces, se trata de proteger a ese periodista, pero claro, detrás de ese periodista se meten los malos. Entonces, tiene que haber otras formas de corregir eso, y hemos dicho que el derecho civil puede serlo. Cuando un periodista diga mentiras, sabiendo que está diciendo mentiras, con total desprecio por la verdad y produciendo un daño, ese daño puede ser reparado a través de una sanción civil. La respuesta es que los procesos civiles son muy lentos y no generan responsabilidad. La contrapropuesta es 'agilícenlos'. Se puede agilizar. Es posible agilizar los procedimientos, lo que pasa es que no es rentable, y los congresos, asambleas y parlamentos no suelen trabajar sobre ese tema, pero claro que podrían agilizar los procedimientos.

(Fotos: Ana Cabrera)