Organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos manifestaron este lunes su rechazo público a una serie de iniciativas promovidas por el Gobierno venezolano con el supuesto fin de ampliar garantías en dicha materia, aunque bajo su consideración estas realmente "incumplen estándares y principios internacionales, no cuentan con la independencia necesaria para su funcionamiento y terminan institucionalizando la discriminación como política de Estado".
El 3 de abril del 2014 según el Decreto 876 publicado en la Gaceta Oficial 40.836, la administración de Nicolás Maduro informaba de la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que incluía entre sus considerandos para justificar su fundación el calificar de "fascismo" y "actos terroristas" a las protestas llevadas a cabo en febrero de ese miso año en contra del Gobierno. De este modo lo que se buscaba era "neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista venezolana".
Sin embargo, dichas consideraciones fueron criticadas por organizaciones como el Foro por la Vida quienes señalaron entonces que de este modo se comprometía la integridad, imparcialidad y transparencia del CNDDHH, ya que convalidaba la criminalización del derecho a la reunión y manifestación pacífica, advirtiendo también que la autonomía de funcionamiento de la instancia quedaba supeditada, según su artículo 1, a las "instrucciones del presidente de la República".
"En agosto de 2015 el CNDDHH realizó una consulta pública sobre una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, en la cual participamos las organizaciones independientes del país, tanto en el cuestionario digital como en la invitación que se nos realizara en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas. En esta reunión entregamos un documento suscrito por 40 asociaciones del país con 15 recomendaciones, las cuales no fueron tomadas en cuenta en el documento final, para cuya elaboración se prometieron nuevas reuniones que nunca fueron convocadas. El resultado fue un Plan de Derechos Humanos de naturaleza discriminatoria, mediante conceptos que no figuran ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los estándares internacionales de derechos humanos (por ejemplo 'democracia socialista' o 'visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos') que sólo son representativos del sector de la población que apoya la ideología del actual partido de gobierno".
En su comunicado, las organizaciones firmantes recuerdan también que hace solo unas semanas el presidente Nicolás Maduro instaló la "Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas" conformada por 17 personas ligadas claramente al oficialismo, las mismas que tendrán a su cargo, según cadenas informativas como Telesur, el "esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999".
Sin embargo, el mandatario salió al frente proponiendo la incorporación de 4 diputados opositores a la Comisión, considerando que dicho número sería suficiente para el equilibrio en la misma, algo que también ha despertado e desacuerdo de las organizaciones pro DDHH.
"(Se ignora así) las 4 condiciones establecidas internacionalmente para la credibilidad de una verdadera Comisión de la Verdad: a) Selección de miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas, sin discriminación alguna".
En el documento, las organizaciones anuncian su abstención a participar de "cualquier iniciativa que promueva la discriminación, por motivos ideológicos o de cualquier otra índole", señalando que no puede permitir que esto sea legitimdo bajo un presunto "discurso de derechos humanos".
Puedes revisar la relación de organizaciones firmantes aquí
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