Defienden el contrato. El consorsio ECOExpress Javier Prado, retirado del corredor Javier Prado-La Marina-Faucett, anunció que iniciará un arbitraje contra Protransporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
El pasado 15 de abril, la gestión de Luis Castañeda Lossio declaró la nulidad del contrato y argumentó que el consorcio no había firmado la adenda propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sobre el documento firmado en el 2014 dijo que era una "apariencia de contrato".
Sin embargo, para los abogados de ECOExpress, el contrato es legal y vigente. "Por lo que las autoridades ediles junto con el Ministerio de Economía y Finanzas actuaron inconstitucionalmente al imponer una norma retroactivamente", dijeron.
"Exigir la firma de una adenda que modifique el Contrato de Concesión, como pretenden la MML y el MEF, es inconstitucional tanto por su carácter retroactivo como porque también pretendía cambiar los términos económicos del contrato de concesión después de que la inversión ya había sido ejecutada por el Consorcio, volviendo inviable la concesión de Javier Prado y el Sistema Integrado de Transportes", señaló Emilio Cilloniz, director del Consorcio.
Cilloniz sostuvo que ECOExpress Javier Prado "siempre cumplió y hasta excedió las responsabilidades que imponía el contrato de concesión y que se han invertido más de US$ 35 millones y se contrató en planilla a más de 400 colaboradores en planilla entre conductores y personal administrativo", según cita Andina.
El director del Consorcio afirmó que adquirieron 133 buses nuevos y ecológicos, se habilitó patios de maniobras, entre otras medidas. "Estos son algunos de los conceptos que entrarán a tallar en el arbitraje y que deberá pagar Protransporte y la Municipalidad Metropolitana de Lima", dijo.
“Lo que ha pasado con nosotros es una absoluta burla: participamos de una licitación que se inicia en el 2012, se nos entregan bases y contrato que recogen el modelo del sistema en el 2013, hicimos nuestra propuesta técnica y económica sobre la base de dicho sistema, se nos adjudica la concesión en enero del 2014 y se pretende que una norma posterior de noviembre del mismo año se aplique retroactivamente. Si esto prospera será un precedente nefasto para los inversionistas en Perú, ya que se nos estaría diciendo fuerte y claro que no existe el Estado de Derecho, adiós estabilidad jurídica”, remarcó Cilloniz.
Meses antes, afirma el empresario, Castañeda y la propia presidenta de Protransporte, Roxana Rocha, "indicaron enfáticamente que el MEF actuaba ilegalmente por tratar de aplicar una norma retroactivamente, y no solo eso sino que firmaron hasta cinco contratos más de otros corredores bajo el mismo modelo que finalmente terminaron cuestionando".
Cilloniz consideró como "muy raro" que después de que Castañeda pidiera hasta la renuncia del ministro de Economía "de pronto cambien de opinión y asumiendo la posición del MEF, pretendan trastocar absolutamente el modelo del contrato, desbalanceando el equilibrio económico financiero del mismo y por tanto destruyendo la Reforma de Transporte implementada por la anterior administración municipal”.
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