El grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y sus autoridades han causado "grave daño en las personas que se incorporaron a su organización" de carácter "físico, psicológico, espiritual y moral", concluyó la Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación en su Informe Final, publicado ayer.
En noviembre del 2015, el SVC creó esta Comisión para investigar las denuncias de abusos sexuales contra autoridades de dicha sociedad de vida apostólica. Se le encargó establecer: "quién causó daño, a quién se lo causó, qué daño le causó y cuál es el medio más razonable para resarcirlo en la medida de lo posible".
En su Informe Final, concluye que el SCV estableció una cultura interna "en la que la discplina y la obediencia al superior se forjaron sobre la base de exigencias físicas extremas, y castigos también físicos, configurando abusos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas".
Señala también que la integración al SCV de los jóvenes ingresantes "se planteaba con un apartamiento de sus familias, de las que debían desligarse, desvalorizando a sus padres, y llegando en algunos casos a intervenir su correspondencia para impedir la comunicación de los formandos con sus familias".
"En esas casas de formación del SCV, muchos de los formandos fueron víctimas de agresiones físicas, vejaciones y hasta abusos de índole sexual. Ello les ha impreso profundos daños psicológicos, y en algunos casos los ha inhabilitado para reincorporarse a la vida civil", afirma.
La Comisión recomienda el "repudio público a la conducta de Luis Fernando Figari, respecto de quien las autoridades correspondientes deberían adoptar la mayor sanción moral e institucional".
"Las víctimas de los abusos deben ser resarcidas. Sus testimonios revelan la necesidad urgente de ser atendidas médica, psicológica y espiritualmente, además de la compensación económica a la que tienen justo derecho y que debe ser considerada por el SCV con cada víctima en un auténtico proceso de reconciliación y justicia", concluye.
Para los comisionados, "ello debe comprender una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas".
Además, pide a la Santa Sede que adopte "drásticas medidas para la pronta intervención del Sodalitium Christianae Vitae, disponiendo que su conducción esté a cargo de personas ajenas a su actual estructura organizacional".
- El informe final de esta comisión puede ser leído aquí.
Esta Comisión está integrada por el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Manuel Sánchez-Palacios Paiva; la exministra de Justicia, Rosario Fernández; el obispo de Lurín, Carlos García Camader; el médico Maíta García; y el director de contenidos del Grupo RPP, Miguel Humberto Aguirre.
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