Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en el sur de México en 2014 anunciaron este viernes un plantón de 43 horas frente a la Secretaría de Gobernación para protestar por la no renovación del mandato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el caso. 

Los familiares organizaron en la capital mexicana una protesta que culminó con su encadenamiento a las rejas de la Secretaría, para exigir la "permanencia" del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo termina a finales de este mes.

"Nosotros no confiamos en el trabajo de la Procuraduría General de la República", proclamó ante los medios el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, quien pidió la permanencia del grupo hasta que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 se esclarezca.

La CIDH admitió este viernes que sus expertos no pueden seguir investigando la desaparición de los estudiantes por la oposición del Gobierno mexicano, pero que seguirá el caso con un nuevo "mecanismo especial" hasta que se descubra la verdad.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, anunció que la protesta finalizará el próximo domingo por la mañana, y que tras ella se dará la palabra a varios expertos que intervendrán para ahondar en las repercusiones del caso Iguala.

De acuerdo con la versión oficial, puesta en duda por los familiares y por los resultados expuestos hasta ahora por el GIEI, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron entregados en el municipio de Iguala por policías a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en el vertedero de basura de Cocula.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reiteró su apoyo a que no se renueve el mandato de los expertos, y dijo que es "muy difícil encontrar un asunto interno del país" que haya tenido un "escrutinio internacional" semejante.

El trabajo del GIEI, "ha dado resultados", aseguró Campa en declaraciones a Radio Fórmula, recordando que fue el grupo de expertos el que estableció que su segundo periodo de trabajo en México debería durar seis meses para poder "concluir su tarea".

Respecto a la demanda por espionaje presentada por los padres de los estudiantes ante la PGR, el subsecretario dijo que no tiene "ninguna información", salvo la que se ha publicado en los medios.

Los familiares insinuaron que el Gobierno realizó labores de espionaje en sus teléfonos celulares, después de que salieran a la luz dos llamadas personales en las que participó el abogado de los padres.

Con información de Agencia Andina.

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