Hoy se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se denunciaron las amenazas, persecuciones y muertes enfrentadas por las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, en particular de líderes y lideresas sindicales, y defensores y defensoras del medio ambiente y pueblos indígenas.
Entre el 2014 y el 2016, dieciséis personas defensoras pertenecientes a este grupo fueron asesinados por sicarios. Tres de ellas fueron asesinadas en enero último, por lo que nos encontramos ante una problemática que cada vez resulta más grave.
Si bien la mayoría de amenazas y asesinatos mencionados fueron perpetrados por agentes no estatales, existe también responsabilidad del Perú a diferentes niveles Durante la audiencia, los peticionarios ahondaron sobre distintos aspectos que comprometen la responsabilidad internacional del Estado.
Sindicalistas
Entre el 2011 y el 2015, los bandos criminales que infiltran el sector de la construcción civil asesinaron a 15 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) por oponerse a la extorsión de empresarios y trabajadores. Dos dirigentes, al ser víctimas de atentados y amenazas, incluyendo haber recibido 12 impactos de bala, actualmente viven en la clandestinidad.
“Nos vimos afectados por las muertes de 15 líderes sindicales, 15 padres de familia comprometidos con la lucha por un mejor vivir, por derechos laborales”, dijo Luis Villanueva Carvajal, secretario de la FTCCP. “Esperamos y demandamos que el gobierno peruano tome medidas efectivas para crear mecanismos de seguridad porque realmente estas son muertes anunciadas”.
Protectores del medio ambiente
Asimismo, aquellas personas dedicadas a la defensa de los derechos ambientales y del derecho al territorio de los pueblos indígenas viven en una grave situación de vulnerabilidad. Del 2014 al 2015, 13 personas pertenecientes a este grupo fueron asesinadas por sicarios, entre ellas el presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, Hitler Ananías Roja, quien fue asesinado el 29 de diciembre del 2015 por su trabajo de resistencia medioambiental en contra del megaproyecto hidroeléctrico Chadín II, de la empresa brasileña Odebrecht.
Impunidad
Pero a pesar de esta preocupante situación que es generalmente provocada por agentes no estatales, las organizaciones peticionarias señalaron que en Perú no existe una política comprensiva, ni programas especializados que cumplan con los estándares internacionales sobre la protección de la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos. “En tanto esto no ocurra, estos hechos seguirán ocurriendo”, dijo María Noel Leoni, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI).
Además, los peticionarios señalaron que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y frecuentemente, al no existir un mecanismo de protección, son los defensores quienes tienen que asumir los gastos de protección policial, señaló Ana María Vidal Carrasco, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Bajo este marco, se le solicitó al Estado peruano que desarrolle un registro de trabajadores de construcción civil para formalizar el sector y prevenir el registro de organizaciones criminales, lo cual ocurre por esta falta de registro; que avance en una política pública de reconocimiento y fomento del trabajo de defensores y defensoras de derechos humano; y que implemente un mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte, el Estado peruano anunció que, en reconocimiento a la grave situación denunciada, han creado un protocolo por Resolución Viceministerial el pasado 6 de abril para garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país. Asimismo, invitaron a la Comisión a que fiscalice la implementación del mismo. Los peticionarios recibieron con satisfacción la noticia, sin perjuicio de alertar que, dado a que la Resolución no es pública, no la han evaluado y que entienden que un mecanismo debe contar con apoyo al más alto nivel político y con la participación de la sociedad civil en su creación.
(Con información de CJDI)
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