La presidenta brasileña Dilma Rousseff justificó hoy el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia. "Las circunstancias actuales me dan la magnífica oportunidad de traer al Gobierno al mayor líder político de este país", dijo en el Palacio presidencial de Planalto. Sin embargo, horas después, esta decisión quedó en suspenso, ya que un magistrado admitió una medida cautelar presentada por partidos opositores.
Ahora, el Gobierno, la Fiscalía y el abogado del Estado tienen cinco días de plazo para presentar informaciones sobre esta decisión, informó el Tribunal Supremo de Brasil. Después de este plazo, el juez Teori Zavascki, analizará las dos demandas presentadas por los partidos opositores Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Los opositores presentaron dos demandas por separado que afirman que el nombramiento de Lula tiene el supuesto objetivo de protegerle de los tribunales comunes en los que se ha abierto causas contra él. El juez Itagiba Catta Preta Neto consideró que existe el peligro de que Lula, como ministro, pueda realizar una "intervención indebida y odiosa" en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, ya que actualmente está siendo acusado por el supuesto delito de lavado de activos.
Al cierre de esta nota, un segundo magistrado suspendió de forma cautelar el nombramiento del exmandatario Lula da Silva como ministro de la Presidencia. La jueza Regina Coele Formisano, del sexto juzgado federal de Río de Janeiro, aceptó una demanda presentada por un abogado para anular dicho nombramiento
Ambas decisiones son provisionales y dependen de que los tribunales regionales federales de Río de Janeiro y de Brasilia se pronuncien en forma definitiva sobre las denuncias. Como ministro, Lula tendría un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia la Corte Suprema.
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