El diario La República publicó un informe en el que un enfermero admitió haber participado en algunas de las esterilizaciones a miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero que actuó de esta manera debido a presiones de las autoridades del Ministerio de Salud.
Rafael Delgado Zumaeta fue sindicado por varias mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas en la localidad de Sión, en la selva del Huallaga, como uno de los especialistas que aplicó este tipo de intervención quirúrgica.
Al respecto, Delgado dijo a La República que sus superiores en el Minsa lo amenazaron con sancionarlo o despedirlo, si no cumplía con las "cuotas" de mujeres esterilizadas:
“Por medio de una resolución del Ministerio de Salud que llegó para el cumplimiento de esta campaña, llamaron a los trabajadores de salud del Estado de distintas zonas del departamento de San Martín para una reunión técnica en el hospital de Juanjuí. Eso fue entre enero y marzo de 1996”
En la reunión que menciona Delgado, se indicó al personal médico "que tenían que cumplir con altas metas de captación de mujeres para alcanzar los objetivos de las políticas gubernamentales de planificación familiar, sobre todo con respecto al programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)".
“En esta reunión estábamos todos los responsables de los establecimientos de salud que corresponden a la Red Mariscal Cáceres, que son como 36 establecimientos. Si el centro de salud era grande tenían que asistir los médicos y la obstetra. Si era más pequeño, entonces todo el personal técnico, como era mi caso. A esa reunión asistieron como unas cien personas”.
Delgado contó que las campañas de esterilización comenzaron en el hospital de Juanjuí y el Centro de Salud de Campanilla, donde realizaron las operaciones a las mujeres. Sobre la reunión de coordinación, esta fue encabezada "por el director de la Red Mariscal Cáceres, Julio Arabayza, si mal no recuerdo, y en aquellos tiempos la coordinadora del área mujer era la obstetra Elena Mori Díaz”.
LA AMENAZA
Esta parte del relato de Delgado Zumaeta es clave para entender que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado durante el fujimorismo:
“En el mes de abril de 1996 yo no reporté ni un solo caso de señoras para ligarse, entonces, como a otros, las autoridades de salud nos llamaron y nos dijeron que no estábamos cumpliendo (con el programa), que no estamos captando (mujeres para ser esterilizadas). Yo no estaba de acuerdo con este sistema de metas tan elevadas (‘cuotas’ de mujeres esterilizadas), siempre se lo decía a los colegas de Shumanza, Campanilla y Jaén. No estaba conforme. Nos decían que a las personas que no cumplíamos con las metas nos entregarían un memorando de llamada de atención. Es decir, un documento de advertencia. Si se continuaba desobedeciendo ya te daban una resolución que se iba a tu legajo. Era un castigo, porque una resolución de ese tipo en tu legado te baja cinco puntos cuando te evalúan. Entonces, resultaba más difícil pedir destaque a otra localidad, tener otros trabajos. Afectaba las condiciones laborales”.
La República indica que las declaraciones de Delgado coincide con las declaraciones y documentos que el diario del jirón Camaná recogió en Piura "por parte de médicos que fueron forzados a cumplir con las campañas masivas de esterilizaciones. Lo que queda claro es que los profesionales estatales de salud no actuaban por su cuenta sino por mandato del gobierno de Fujimori".
“Nosotros, los enfermeros, sentíamos varias veces disconformidad con este programa (de esterilizaciones compulsivas). Tal vez nosotros por desconocimiento hemos aceptado lo de las ‘cuotas rápidas’ (número de mujeres esterilizadas). Nosotros teníamos que continuar con el trabajo por temor a que la alta gerencia se nos viniera encima. Nosotros por cuidar nuestro trabajo tuvimos que participar de alguna manera en este programa. Nos hicieron participar en las esterilizaciones bajo amenaza".
De esta manera, este testimonio contradice lo manifestado hace varios meses, en la Universidad de Harvard, por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dijo que la responsabilidad de las esterilizaciones fue del personal del Minsa, negando que su padre, Alberto Fujimori, y sus ministros del sector, sean los responsables.
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