Hoy empieza la séptima reunión global de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en Lima. Su importancia es impulsar la transparencia de la información que pagan las empresas vinculadas al sector extractivo a los gobiernos. El Perú es parte de la EITI y enfrenta muchos desafíos para cumplir el estándar al 100%. Además, en el contexto actual de derrames y problemas ambientales en toda la región, se pide el fortalecimiento del EITI y que impulse estándares de transparencia de información en los temas sociales y ambientales.
Fundada en el 2002 en un intento de ayudar a enfrentar la corrupción y la mala administración que afecta a los sectores de extracción de petróleo, gas y minería en muchos países, la EITI es una iniciativa voluntaria para los gobiernos que buscan aumentar la transparencia y la responsabilidad pública. Es dirigida por un consejo global que incluye gobiernos, grupos de la sociedad civil, y grandes compañías petroleras y mineras.
Cuarenta y nueve países, entre ellos el Perú, actualmente vienen implementando el estándar de la EITI, que establece requisitos mínimos para transparentar la información crítica y su supervisión pública, tales como los montos que las empresas le pagan a los gobiernos por el derecho de extracción de petróleo y minerales, y los montos que los gobiernos reciben.
En América Latina los conflictos socioambientales vinculados al sector extractivo se han incrementado. La EITI tiene poco impacto en la solución de esos problemas fundamentales. La red regional de Publish What You Pay y la Red Latinoamericana Sobre Industrias Extractivas han pedido a la EITI que expandan sus normas para que las empresas declaren también información social y ambiental.
¿Y el Perú?
El anfitrión de la conferencia simboliza el desafío de la relevancia de la EITI y de otros procesos de fortalecimiento institucional. A pesar de ser compatible con el estándar de la EITI desde el 2012, el Perú enfrenta conflictos desestabilizadores sobre la gobernanza socioambiental, principalmente vinculados con proyectos de petróleo, gas y minería.
“La EITI ha conseguido transparentar flujos financieros de pagos de empresas a los gobiernos nacionales y locales, pero no ha tenido impacto en la prevención del debilitamiento de leyes y reglamentos que protegen los derechos de las comunidades, así como en abordar los riesgos ambientales y sociales”, dice Miguel Lévano, consultor de Oxfam.
De acuerdo con el especialista, la EITI ha elevado los estándares mínimos de transparencia para las industrias petroleras y mineras, pero enfrenta dificultades para mantenerse firme. En el caso del Perú, primer país de la región en adoptar el estándar EITI, se han generado avances, pero hay muchos desafíos por seguir transparentando la información.
Al respecto, Lévano recuerda que durante los dos últimos años se han dictado normas que han debilitado la gobernanza socioambiental, por lo que advierte que no le sorprendería que las sanciones que se le impondrían a Petroperú por los tres derrames de petróleo en la Amazonía sean perdonadas o reducidas si se aplica la Ley 30230. Por ello, plantea que la EITI debe también exigir transparentar la información social y ambiental de las empresas.
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