La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció hoy infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por las FARC que ocuparon armadas un colegio en el norte del país la semana pasada, que generó una crisis en las negociaciones de paz entre el Gobierno y esa guerrilla.
La entidad explicó en un comunicado que pudo "comprobar" que el 18 de febrero "dentro y fuera" de un establecimiento educativo del corregimiento Conejo, en el departamento de La Guajira, en el norte del país, "hubo personas fuertemente armadas".
Estas acciones constituyen, a juicio del ente de control, "una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de niños, niñas y adolescentes".
Como consecuencia, la Defensoría denunció los hechos ante el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Humberto de la Calle, y el saliente coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.
De acuerdo con la institución, el personal armado acompañó a los delegados de las FARC, que encabezados por el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de La Habana, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", "instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a su visión sobre el proceso de paz".
Para el organismo, "tal como sucedió con la tarima dispuesta en el parque principal de la población, las instalaciones académicas que albergan a cerca de 300 estudiantes fueron prestadas a personas que realizaron la solicitud con el pretexto de llevar a cabo un evento cultural".
Sin embargo, para la Defensoría "es claro que allí hubo presencia armada de las FARC, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas".
El partido opositor Centro Democrático denunció la presencia de al menos un negociador de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acompañado de una escolta guerrillera armada, en la localidad de Conejo.
De inmediato Humberto de la Calle sostuvo que los delegados de la guerrilla habían "violado" los acuerdos alcanzados para ir a sus campamentos al tener contacto con la población civil e ir armados.
El Gobierno colombiano solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, que tomaran "las medidas necesarias" para que los cabecillas de las FARC regresaran a La Habana "a la mayor brevedad posible, de acuerdo con los protocolos de seguridad acordados". EFE
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