Avanzar en la justicia fiscal, defender la inversión en las personas, impulsar un empleo digno, promover el desarrollo rural y avanzar en la gobernanza socioambiental son los temas que deben ser tomados en cuenta para combatir la desigualdad por los candidatos presidenciales, señaló Oxfam Perú.

La confederación internacional presentó ayer en Miraflores el documento "Agenda contra la desigualdad: cinco temas críticos para cerrar las brechas". Considera que "el Perú vive un momento crucial", ya que "enfrenta el fin del auge económico que experimentó gracias a los altos precios de las materias primas" y "está a puertas de un proceso electoral que determinará quién gobernará el país hasta el 2021".

Por ello, Oxfam llama la atención sobre estos cinco puntos prioritarios para el nuevo gobierno. "Las apuestas del nuevo gobierno serán claves para reactivar la economía, así como también para impulsar la equidad y la inclusión social, elementos fundamentales de un crecimiento sostenible", afirmó.

A continuación, compartimos los planteamientos de esta organización:


1.- Avanzar en la justicia fiscal

foto: arturo cañedo

• Avanzar hacia una tributación más progresiva que reduzca el peso de los impuestos indirectos que gravan nuestro consumo. La actual tasa de 18% del IGV es una de las más elevadas de Latinoamérica y su aplicación es indiscriminada, afectando en mayor medida a los sectores de menores recursos. Debe plantearse su gradual reducción o racionalización, con menores tasas para productos de consumo popular. 

• Fortalecer el compromiso contra la evasión y elusión tributaria, en particular de los grandes agentes económicos. Ello implica asumir medidas como el restablecimiento de mecanismos claves para la lucha antielusión como la Norma XVI del Código Tributario, o la implementación de las recomendaciones del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), promovido por la OCDE.

• Encarar el problema de los grandes deudores tributarios, incluido el sinceramiento de la lista de grandes deudores, e incorporar a quienes mantienen procesos administrativos y judiciales.


2.- Defender la inversión en las personas

foto: percy ramírez

• Mantener y fortalecer la inversión en programas sociales, enfatizando aquellos que tienen impacto directo en la reducción de la pobreza, tales como Juntos o Pensión 65. En el caso de Juntos, se debe orientar y reforzar su vínculo con otros programas de desarrollo productivo. 

• Convertir la cobertura nominal del SIS en cobertura real con adecuado financiamiento, con la meta de alcanzar a 2021 un nivel de recursos por asegurado equivalente al que ha sido determinado por estudio actuarial. 

• Cumplir con el compromiso del Acuerdo Nacional de elevar la asignación presupuestal para la educación a por lo menos el 6% del PBI, meta que se estableció en 2002 y que ha sido incumplida y pospuesta continuamente.


3.- Impulsar un empleo digno

foto: percy ramírez

• Un compromiso concreto y viable para incrementar la remuneración mínima vital y fortalecer su institucionalidad, reconociendo a las instancias pertinentes como el Consejo Nacional del Trabajo, e introduciendo mecanismos neutrales de reajuste periódico, estableciendo un régimen diferenciado para micro y pequeñas empresas a fin de no desalentar su formalización. 

• Atender las brechas y barreras de género en el empleo poniendo énfasis en la diferencia en ingresos laborales, con políticas incluyentes de capacitación y acceso al mercado laboral, así como visibilizar y reconocer el valor económico y social del trabajo familiar no remunerado. 

• Generar oportunidades para los jóvenes, fortaleciendo y expandiendo los programas de empleabilidad y capacitación juvenil, así como los incentivos para la contratación de jóvenes, con apoyo estatal, de tal manera que no implique la reducción de beneficios y derechos laborales.


4.- Promover el desarrollo rural

foto: percy ramírez

• Abordar una agenda para la agricultura familiar centrada en sus temas críticos: titulación colectiva e individual, acceso al crédito y capacitación. En particular, el apoyo a las mujeres productoras a cargo de 600 mil unidades agropecuarias debe ser uno de los ejes para la transformación de la agricultura familiar, lo que tendrá un impacto directo e inmediato sobre el desarrollo rural y la disminución de la pobreza. 

• Implementar adecuadamente la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar así como la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, promulgada en 2015, que considere los presupuestos destinados a la misma, que le permita al país cumplir con sus compromisos en el marco del plan ‘América Latina sin Hambre al 2025’ impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

• Un tema crítico es el avance de los procesos de titulación y saneamiento legal, tanto a nivel colectivo como individual. En la Amazonía peruana existen más de 2.000 comunidades nativas, de las cuales 625, a pesar de estar reconocidas, no están tituladas, otras 265 demandan ampliaciones y 350 ni siquiera han sido reconocidas por el Estado.44 Similares retrasos existen en la titulación individual, siendo particularmente grave la situación de las mujeres productoras, pues apenas una de cada 20 productoras cuenta con títulos de propiedad.

• Apoyar y fortalecer los programas sociales y la inversión pública con un impacto positivo sobre la agricultura familiar. Los beneficios de la expansión de la infraestructura vial de telecomunicaciones o de servicios básicos en los espacios rurales son fundamentales, por lo que es clave que estas iniciativas se expandan.46 En ese esfuerzo se sugiere impulsar la eficiencia y transparencia en el manejo de tales programas, incluida la participación y la vigilancia ciudadana.


5.- Avanzar en la gobernanza socioambiental 

• Revisar y eliminar medidas y dispositivos regresivos en temas medioambientales, particularmente la Ley 30230 (‘paquetazo ambiental’) y normas vinculadas.

• Reafirmar la gobernanza y la institucionalidad socioambiental alrededor del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Cultura, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), entre otras instituciones relevantes, incluida la preservación de su rango y aumento de recursos presupuestales. 

• Reafirmar la vigencia de la Ley de Consulta Previa y asegurar su debida aplicación, y con ello otorgar a las entidades competentes (encabezadas por el Ministerio de Cultura) autonomía, capacidad de decisión y coordinación, así como recursos, de manera que se garantice la participación activa de las poblaciones indígenas y de organismos garantes como el Ministerio Público y las Defensorías del Pueblo.


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