Los dos titiriteros detenidos en Madrid acusados de ensalzar a los grupos terroristas ETA y Al Qaeda en un espectáculo de Carnaval, programado por el Ayuntamiento, fueron puestos hoy en libertad al ver el juez reducido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. 

Los detenidos tendrán que comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio, se les retirará el pasaporte y prohibirá abandonar el territorio nacional, según acordó hoy el juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno.

La puesta en libertad llegó un par de horas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera la liberación de Raúl García Pérez, de 34 años, y Alfonso Lázaro de la Torre, de 29, que pedían su salida de prisión.

Los titiriteros fueron detenidos el viernes pasado tras recibir la Policía española el aviso de algunos padres que asistían con sus hijos a la representación de la obra "La bruja y don Cristóbal", un espectáculo de títeres para todos los públicos.

En el espectáculo se representaron escenas en las que un personaje acuchillaba a una monja, ahorcaba a un juez y pegaba a un policía y a una embarazada.

En una de las últimas escenas del espectáculo, uno de los muñecos portaba una pequeña pancarta, en la que podía leerse en vasco "Gora ALKA-ETA" (Viva ALKA-ETA en castellano), lo que, en opinión del fiscal, podría haber sido constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La frase es un juego de palabras que alude a Al Qaeda pero también a ETA, grupo terrorista que ha matado a más de ochocientas personas para reclamar la independencia del País Vasco respecto a España.

El juez Moreno consideró que en estos momentos es "escaso" el riesgo de reiteración delictiva y añadió que los documentos aportados por los titiriteros demuestran que no intentarán "sustraerse a la acción de la justicia" porque acreditaron su arraigo familiar, que tienen domicilios conocidos y su formación académica y actividades desarrolladas.

Por ello, planteó que "el riesgo de fuga queda muy mermado" y no existe peligro de destrucción de pruebas, de modo que procede modificar la situación de prisión provisional, una medida que -reconoció- es "carácter excepcional". EFE


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