El gobierno peruano recibió el 1 de febrero una notificación a través de la cual se le presiona a que pague los bonos de la reforma agraria, en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU, y no en el del procedimiento ya establecido por el Tribunal Constitucional.
Esta deuda tendría un valor estimado, según los especialistas en el tema, de más de US$ 5.000 millones, de acuerdo a información brindada por la revista Poder.
La notificación, a nombre de Gramercy Funds Management LLC -fondo especulativo de origen estadounidense- y de tres entidades relacionadas, tiene la "intención de someter a un arbitraje bajo el citado acuerdo [Tratado de Libre de Comercio Perú-EEUU] al Estado peruano", según el medio citado.
En ese sentido, es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por medio de un comunicado ha aclarado que “el Perú está manejando diligentemente el tema de dichos bonos y se defenderá enérgicamente con respecto a cualquier demanda internacional concreta".
Procedimientos paralelos
Por una decisión del Tribunal Constitucional en el 2013, el Ejecutivo fue obligado de pagar los bonos, además de su respectiva reglamentación para ese fin. En la actualidad, cualquier tenedor de deuda puede acogerse al trámite vigente, a través del cual, según informó el MEF, varios bonistas ya están culminando etapas de los procedimientos.
Sin embargo, los de Gramercy, quienes demandan un pago por encima del precio por el cual adquirieron los bonos, han elegido no participar en este proceso regular. En cambio, ha iniciado una campaña mediática para que agentes lobbistas aseguren el apoyo de legisladores estadounidense en este litigio a través del TLC.
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