Contra el reloj. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y otras 30 instituciones públicas deben culminar con la adecuación de su gobierno a la nueva Ley Universitaria hasta el 31 de diciembre próximo.
Si no lo hacen, cometerían una infracción calificada como "muy grave", según la norma, para lo cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) fijó en su reglamento multas de entre 100 UIT (385 mil soles) y 300 UIT (un millón 155 mil soles).
Otras sanciones contempladas en la ley son la cancelación de la licencia de funcionamiento, con lo que no podrán brindar el servicio, y hasta medidas preventivas como desconocer la firma del actual rector en los grados y títulos. Las dos primeras medidas se pueden imponer de manera conjunta o alternativa.
De las 31 universidades públicas institucionalizadas, 30 ya cuentan con estatuto y 20 vienen realizando el cambio de gobierno. San Marcos es la únicaque hasta el momento no establece su asamblea estatutaria ni un nuevo estatuto ni el cronograma para elegir al rector, vicerrectores y decanos.
La Sunedu aprobó hace poco el reglamento de infracciones y sanciones, el cual establece 105 faltas, entre leves, graves y muy graves, donde figuran aquellas vinculadas al proceso de adecuación de gobierno, cuya implementación es inmediata y fija el plazo del 31 de diciembre.
Las universidades privadas solo tienen que elaborar estatutos. No obstante, la mayoría de faltas establecidas en el reglamento sí se aplica para ambos casos.
Ahora, si bien el reglamento establece el tipo de infracción, la sanción la definirá el Consejo Directivo de la Sunedu, previa evaluación del caso. Lo mismo ocurrirá al precisar el monto de la multa a la universidad. Las multas se aplican a la institución, no a las autoridades infractoras.
Manuel Burga, exrector de San Marcos y miembro del Consejo Directivo de Educación, explicó a La República que las universidades sancionadas deben pagar las mutas con recursos propios o con el presupuesto del 2017.
Cotillo en sus trece
El más rebelde de los rectores, Pedro Cotillo, de la San Marcos, cuestionó el referido reglamento de infracciones y sanciones, al señalar que viola la autonomía universitaria, rompe con el Estado de derecho y quiebra la democracia. "Quieren capturar políticamente a las universidades públicas y colocar a una persona en mi lugar, lo cual solo corresponde a intereses personales y ambiciones políticas", señaló.
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