La sentencia de 6 años y 8 meses de prisión efectiva, además del pago de una reparación de S./10.000, que recibió Silvana Buscaglia Zapler en tiempo récord -en aplicación de la nueva ley de flagrancia- por agredir a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez ha generado un intenso debate, ya que muchos se preguntan si en verdad fue proporcional o no a la falta cometida.
Algunos, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, opinan que la ley que establece las penas para este tipo de comportamientos “es muy dura y no es proporcional”, mientras que otros como el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, saludaron la norma y pidieron estandarizar el criterio de los jueces para que otros casos similares no queden impunes.
Para Amoretti, el Decreto Legislativo 1194 que regula este tipo de hechos “es drástico y desproporcionado” ya que existe una asimetría entre las sanciones que pueden recaer sobre un ciudadano común y un efectivo policial, que pueden variar entre los 12 años de prisión como máximo en el primer caso y en el segundo, hasta 8 años.
“El decreto legislativo en cuestión es drástico y desproporcionado porque fija penas de 8 a 12 años de cárcel para quienes agreden en esas circunstancias u otras a la Policía; sin embargo, la norma determina que cualquier ciudadano, agredido (probadamente) por un policía, este solo puede ser sentenciado a 8 años de cárcel, como pena máxima”.
En ese sentido, el decano del Colegio de Abogados reveló que en su institución se ha formado una comisión especial integrada por reconocidos penalistas a fin de analizar el Decreto Legislativo en cuestión, de tal manera que la ciudadanía podrá comparar lo que los congresistas hicieron y sus propuestas respecto a dicho tema.
Por su parte, Carlos Torres Caro, abogado que consiguió reducir la sentencia de Silvana Buscaglia tras lograr una terminación anticipada del juicio para evitar así los 9 años de prisión efectiva que solicitaba el Ministerio Público, aseguró que la severidad con que la ley trata este tipo de acciones en el Perú no se ve dentro del derecho comparado respecto a otros países.
Pese a que recordó que en nuestro territorio se dio una coyuntura especial para endurecer la norma tras el caso del desalojo de La Parada -donde varios policías fueron agredidos por vándalos que se resistían a las fuerzas del orden-, Torres Caro dijo que es momento de que los congresistas realicen ajustes a la ley, matizándola con sanciones que vayan de acuerdo a la gravedad de las faltas.
“SE HA CUMPLIDO LA LEY”
Un posición muy distinta fue la del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien se mostró a favor con la condena de 6 años y 8 meses impuesta a Silvana Buscaglia Zapler por agredir a un policía en el Callao y señaló que está abierto al debate sobre la proporcionalidad de las sanciones de los infractores sin que esto afecte el criterio de autoridad.
“La ley se ha cumplido, si quieren hacer un análisis sobre la proporcionalidad penológica del cogido penal que se haga. Hace años en el Congreso hay una comisión para ver la proporcionalidad de los diferentes tipos de delito. Hay que defender el criterio de autoridad, no podemos permitir que se insulte, se ofenda y se agreda a un policía y no se haga nada en este país”.
Asimismo, Pérez Guadalupe reiteró que los policías que infrinjan la ley también serán sancionados de manera firme y recordó que en los últimos meses se han detenido una gran cantidad de agentes por integrar bandas delincuenciales, como los 10 policías que fueron intervenidos en Tacna por favorecimiento al narcotráfico, robo de combustible y sustracción de mercadería.
“Policía delincuente es doblemente delincuente. Durante mi gestión hemos encontrado muchas bandas organizadas que tenían policías dentro de ellas. Estamos limpiando nuestro propia institución. Tenemos firmeza contra los que agreden a un policía, pero también firmeza para los policías que agreden a un ciudadano”.
En la misma línea se pronunció el director de Defensa Legal de la Policía Nacional, general PNP Máximo Ramírez, quien consideró en declaraciones recogidas por el diario El Comercio que la sentencia emitida contra Silvana Buscaglia es un precedente “muy significativo” y que debe ser replicado.
“Ojala que otras cortes repliquen esto. La falta de respeto a la autoridad se castiga con penas de entre 8 y 10 años de cárcel. La señora pidió acogerse a proceso inmediato, eso ya se aplica a nivel nacional para que la sentencia sea rápida”.
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Con información de RPP y El Comercio y foto de cabecera de Andina
