La lucha contra el hambre y el clima deben ir de la mano. Antes de la COP21, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, había advertido que el cambio climático es una grave y especial amenaza para la seguridad alimentaria, e incluso podría agregar 600 millones de personas a las filas de los desnutridos para el 2080.
Y es que el incremento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y el aumento de la temperatura y el nivel del mar, acompañados de inundaciones y sequías, tienen un impacto significativo sobre el derecho a la alimentación. De hecho, estos incidentes climáticos tendrán graves efectos sobre las cosechas, el ganado, la pesca, la acuicultura y los medios de vida en general de las personas.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) también se ha manifestado y ha incidido en que el cambio climático afectará más a los países en vías de desarrollo. Y debido a esa preocupación es que tiene esperanza en el reciente acuerdo sobre el cambio climático aprobado en la COP21: "Es la primera vez en la historia que en un acuerdo global del cambio climático aparece la seguridad alimentaria como una necesidad y prioridad a tener en cuenta".
En el acuerdo se menciona la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre, así como la especial vulnerabilidad que tienen los actuales sistemas de producción alimentaria a los impactos del cambio climático. Pero hay pocas referencias a alimentos y seguridad alimentaria. En el artículo 2 apartado B del documento se lee que es necesario aumentar y fomentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y reducir la emisión de gases de efecto invernadero para evitar que amenace a la producción alimentaria.
Así como ha habido aplausos al Acuerdo de París, no han faltado críticas. Una de ellas señala que no se ha tratado la reducción de la producción de ganado y la necesidad de llevar a cabo un cambio en la dieta mundial. Remarcan que la producción de vacuno tiene un peso significativo en la liberación de gases de efecto invernadero.
Más allá de lo indicado o no en el documento firmado en París, es necesario entender que responder a las grandes demandas de alimentos con modelos agrícolas de producción a gran escala no es la solución adecuada. Una alternativa es un cambio de una agricultura industrial a sistemas transformativos como la agroecología que apoyen al movimiento alimentario local, proteja a los pequeños agricultores, respete los derechos humanos, la democracia alimentaria y las tradiciones culturales.
En el Perú, en el 2004 se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA), que debía regir hasta el 2015 y debía dar lugar a las estrategias regionales de seguridad alimentaria. Sin embargo, desde que se aprueba la ENSA y el respectivo proceso de implementación en los gobiernos regionales se presentaron limitaciones de tipo político y técnico para su funcionamiento. Posteriormente, se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012- 2021, que contiene propuestas de acciones para enfrentar los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria.
“No se puede acabar la pobreza y el hambre sin una política concreta para los pequeños agricultores. Para esto es importante la intervención articulada entre todos los niveles del Estado, principalmente los gobiernos regionales, porque es fundamental el trabajo en el fortalecimiento de la agricultura familiar”, dice el experto en Derecho a la Alimentación de la FAO, Aitor Las.
¿Tenemos una real política de seguridad alimentaria en el país? En noviembre pasado, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Lo primero que debe destacarse de la norma es que confirma el derecho de todas las personas a la alimentación y nutrición como un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. La ley pone al Estado como el principal responsable de garantizar el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, queda ver si en los próximos dos meses se elaborará el reglamento respectivo, o si todo pasa al siguiente gobierno (¿esta norma quedaría archivada en un gobierno fujimorista? cabe recordar que la congresista Martha Chávez hizo dos objeciones a la iniciativa legislativa). Mientras tanto, en el Perú y en el mundo, está claro: la seguridad alimentaria es parte de la lucha contra el cambio climático, y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
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