El 46% de peruanos señala a la corrupción como uno de los principales problemas del país y un 82% considera que el crimen organizado ha penetrado la política, según un estudio de la Asociación Civil Proética, difundido hoy con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
Tanto en Lima como en el interior del país, la población señala a la delincuencia (62%), la corrupción (46%) y el consumo de drogas (30%) como los mayores problemas del país.
El 61% de los encuestados señala de manera específica la corrupción de funcionarios y autoridades, por amplio margen, como el más serio problema percibido en el Estado peruano.
Cuatro de cada cinco encuestados además percibe que la corrupción ha incrementado en los últimos años y el 53% estima que ésta aumente en el quinquenio siguiente.
A nivel de desempeño institucional, la ciudadanía tiene una evaluación relativamente positiva de los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo; y en contraste, una mayoritariamente tiene una apreciación negativa de los partidos políticos y el Poder Judicial.
En ese sentido, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones más corruptas del país.
Asimismo, 82% de encuestados considera que el crimen organizado estaría muy infiltrado en la política, principalmente a través del financiamiento de campañas (38%) y las conexiones con funcionarios en puestos clave (22%), de acuerdo al estudio.
Frente a esta situación, la propuesta de reforma política que parece encontrar mayor aceptación entre los encuestados es que las autoridades destituidas por delitos de narcotráfico, lavado de activos y/o terrorismo no sean reemplazadas y que su curul quede vacía, señaló Proética.
Cuando la corrupción es considerada a un nivel más micro y cercano a los encuestados, el estudio señala que existe tolerancia media a las coimas, los sobornos, la 'vara' (influencia) y el robo de servicios públicos.
Solo un 10% señala que sí le solicitaron coimas, regalos propinas y/o sobornos pero se negaron a darlos, una menor proporción admite haber accedido, y un porcentaje muy pequeño (1%) admite que lo hizo por iniciativa propia.
De estos dos últimos grupos, el 52% alega haberlo hecho para evitar mayores sanciones y el 37% porque si uno no paga, las cosas no funcionan. En general, de quienes tuvieron contacto con funcionarios corruptos, solo el 11% hizo la denuncia respectiva.
La encuesta se elaboró sobre la base de 1308 encuestas a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de residentes en el ámbito urbano de las 16 principales ciudades del país.
[Lee el informe completo en este enlace]
Con información de Andina.
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