No tiene nada que temer y quiere que el tema termine cuanto antes. O al menos esa fue la sensación dejada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al exigir este lunes que el proceso que definirá si será sometida a un juicio político que podría dejarla al borde de la destitución concluya "lo más rápido posible".

La mandataria hizo votos porque el Congreso suspenda el receso programado entre el 22 de diciembre y 2 de febrero, con el fin de que el proceso se acelere.

"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero".

Sin embargo, desde el Congreso no se han mostrado posturas concretas y se postergó para mañana la instalación de una comisión que recién revise el caso.

La comisión especial debió instalarse este mismo lunes, sin embargo la Cámara baja señaló que debido a problemas en el nombramiento de los miembros de la misma, que será integrada por 65 diputados de todos los partidos que cuenten con presencia en el Congreso.

Según información recogida por efe, las mayores dificultades surgieron en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer pero que tiene fuertes disidencias internas y está dividido entre quienes respaldan a Rousseff y aquellos que pretenden recortar su mandato.

La división en el PMDB fue confirmada por Eliseu Padilha, un influyente dirigente de esa formación que el pasado viernes renunció al cargo de ministro de Aviación Civil que ocupaba desde hace unos meses alegando "razones personales", según explicó una nota oficial.

"El partido está dividido sobre esa cuestión y tendremos que ver cuál es el sector mayoritario", dijo Padilha, quien apuntó que el vicepresidente Temer está "estudiando la situación" dentro del PMDB.

Temer, quien asumiría la presidencia en caso de que Rousseff fuera separada del cargo, aún no se ha manifestado ni a favor ni en contra del proceso, lo cual ha sembrado desconfianzas en el propio Gobierno, según han confirmado diversas fuentes oficiales.

Sin embargo, Rousseff insistió hoy en que confía en el apoyo que le darán tanto el PMDB como el propio Temer.

"Confío en el vicepresidente Temer como siempre confié", declaró Rousseff, quien subrayó que "siempre fue extremadamente correcto", por lo que no puede "desconfiar ni un milímetro de él".

Rousseff conversó con periodistas tras una reunión con un grupo de unos treinta juristas con los que analizó las acusaciones en su contra y el juicio al que puede ser sometida.

Según una nota divulgada por la Presidencia, "todos" los juristas reunidos por Rousseff rechazaron su posible enjuiciamiento, ya que consideran que en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".

Esa opinión es totalmente contraria a la que sostienen tanto la oposición como el grupo de abogados que han pedido procesar a la mandataria, quienes aseguran que las maniobras fiscales del Gobierno constituyen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.


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