La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no solo debía permanecer atenta a los 30 pedidos de juicio político en su contra o a la amenaza del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, muy crítico de su gobierno, sino que también de su entorno más cercano.

Y es que su vicepresidente Michel Temer, quien hasta ahora se mostraba muy leal a la mandataria, ahora también marca distancia de ella. 

Según Folha de Sao Paulo, antes de que Cunha anunciara la apertura del juicio político contra Rousseff, Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se había reunido con varios representantes de la oposición para evaluar los escenarios de la eventual destitución de la mandataria, hecho que supondría que la Presidencial del país quede en su poder. 

Y es que según el medio brasileño, el vicepresidente recibió en su casa de Brasilia a siete senadores de la oposición, quienes le solicitaron que los apoyara en el pedido de impeachment contra Rousseff, antes de saber que Cunha ya lo tenía decidido. 

Al respecto, Folha señaló que en ese reunión había consenso en la necesidad de cerrar el debate sobre el juicio político lo más rápido posible para retomar las discusiones sobre el destino del país:

"La evaluación realizada en la mesa del Palácio do Jaburu fue que la crisis política había paralizado al país y necesitaba de un desenlace rápido".

Sin embargo, fuentes cercanas a Temer, afirmaron que el vicepresidente escuchó las peticiones de la oposición,  pero no se comprometió a nada. A pesar de ello, según Folha, el encuentro fue interpretado por la oposición como un indicio de que Temer no haría nada por frenar el proceso del juicio político.

Entre los siete senadores que participaron en el discreto encuentro, tres pertenecen al Partido de la Social Democracia Brasileña de Aécio Neves, uno de los más importantes impulsadores del juicio político. Se trató de José Serra, Aloysio Nunes y Tasso Jereissatti. También estuvieron presentes Fernando Bezerra, del Partido Socialista Brasileño; Agripino Maia, de los Demócratas; y Ricardo Ferraço y Waldemir Moka, ambos del PMDB.

Respecto al polémico tema de la reunión, el ex ministro Moreira Franco, uno de los hombres más cercanos a Temer dentro del PMDB, señaló:

"Se está cristalizando la idea de que el tiempo corre en contra del país. Tenemos que tener sentido de la responsabilidad y espíritu público. Nuestras instituciones se están licuando. Eso tiene un efecto catastrófico sobre la economía y, en la sociedad, es absolutamente destructivo. No da más. Tenemos que tener una solución".

El juicio político

El miércoles último, Eduardo Cunha, quien enfrenta también pedidos para su remoción por supuestamente recibir sobornos, aceptó un pedido de más de 2.000 páginas presentado por los juristas Helio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores, al que Roussef pertenece, y Miguel Reale Jr, exministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso, para iniciar un juicio político a la actual mandataria del país. 

Según el documento, Dilma habría cometido el 'delito de responsabilidad fiscal' durante el año pasado y el presente, por demorar la transferencia de fondos a bancos públicos con los que se debían desarrollar programas sociales. Es así que dicen que el gobierno buscaba ocultar el déficit fiscal. 

Y es que los bancos debieron desembolsar el dinero de sus propias arcas, una acción que en la práctica significaría un préstamo al Tesoro, hecho que requería la autorización del Congreso. 

Este jueves se inicia oficialmente el proceso de impeachment. Es así que el pedido será leído en el Congreso y Rousseff será notificada.

Cunha se reunirá también con los líderes de la oposición para empezar a conformar la comisión especial que estudiará el caso. Es así que en un plazo de 15 sesiones, deberá reafirmar su opinión ante el pleno de la Cámara. 

Serán necesarios dos tercios del total, es decir 342 votos de los 513, para que se inicie el proceso.

De ser aprobado, la Rousseff será apartada de sus funciones de forma temporal durante un plazo máximo de 180 días. Si esto ocurre, Temer asumiría la presidencia y la mandataria cobraría la mitad de su sueldo.

Finalmente, el Senado juzgará a la actual mandataria en una sesión encabezada por el presidente de la Corte Suprema. En ese caso, serían necesarios otra vez dos tercios de los votos para destituirla inmediatamente, hecho que además haría que se vea impedida de ejercer cualquier otro cargo público en un periodo de ocho años. 

(Foto de cabecera: diariomovil.com.ar)