Insatisfechos con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ratificó la constitucionalidad y vigencia de la Ley Universitaria (Ley 30220), la bancada aprista presentó un proyecto de norma que propone la continuidad del mandato de rectores, vicerrectores y decanos electos antes de la Ley Universitaria.

Es conocida la posición del aprismo, así como del fujimorismo, en relación a esta Ley que ya viene siendo aplicada en varias universidades, así como en el desarrollo de sus estatutos internos.

Este sector político ha argumentado desde que la Ley 30220 va contra la autonomía universitaria debido a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), hasta sostener que esta norma es un "crimen" del "chavismo humalista" (Alan García dixit)

Y ahora pretenden agendar para este jueves 19 en el Congreso el debate de este proyecto que solo beneficia a unos cuantos rectores, y que carece de representatividad si pensamos, por ejemplo, en las protestas de los estudiantiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contra la gestión del rector Pedro Cotillo, quien aún no convoca a elecciones, además de no haberse ceñido a los plazos que exige la Ley Universitaria.

¿Los promotores de este proyecto realmente tienen criterios técnicos para esta propuesta, o acaso es un intento más de capitalizar ser oposición yendo contra lo que algunos consideran una victoria política del actual gobierno en materia de Educación?

Predilección por el caos

LaMula.pe tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, Daniel Mora, para que nos diera su opinión en relación a esta polémica propuesta, promovida por el congresista Javier Velásquez Quesquén.

Para Mora, este proyecto tiene 4 rasgos que son críticos en este momento político:

1) "Premia a los que han incumplido la ley". Para el congresista peruposibilista este proyecto pretende beneficiar únicamente a los rectores y a sus respectivas gestiones por no adecuarse a la ley.

2) "Se atenta contra la sentencia del Tribunal Constitucional". La autoridad en el país de control de la constitucionalidad de las leyes ha reafirmado en su última resolución que la Ley Universitaria no atenta contra la autonomía. Además el órgano ratificó su vigencia.

3) "Provocaría desorden". Según Mora, los ascensos, los cambios administrativos y las contrataciones están prohibidas con los antiguos rectores, elegidos con anterioridad a la Ley. El proyecto entonces promovería cierta informalidad en términos administrativos.

4)  "Caos social" al interior de las universidades. De aprobarse este proyecto provocaría que los antiguos rectores promuevan "una serie de acciones legales" contra los acuerdos de las asambleas estatutarias regidas por la norma que actualmente rige.

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