La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ratificó que el Estado pagará los bonos de la deuda agraria, tal como lo ordena el fallo del Tribunal Constitucional, pero subrayó que no está previsto en el Presupuesto Público para el 2016, ya que aún están en la etapa de registro de acreedores. 

Como se sabe, en octubre la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) envió una carta a Segura en la cual demandaron respuestas sobre el pago a los tenedores de los bonos agrarios.  

En medio de este contexto, la agencia de riesgo estadounidense Egan-Jones Ratings Company acaba de otorgar la calificación ‘BB’ a los bonos de la reforma agraria peruana, uno de los puntos más controversiales de la historia del país.

Según cálculos no oficiales, existirían unos 500 tenedores de bonos de la Reforma Agraria y la deuda superaría los US$5,000 millones.

La agencia señala que el Perú tiene un irregular historial de repago. Específicamente, resalta que el gobierno peruano se mantiene en situación de incumplimiento en cuanto a los bonos de la reforma agraria. No obstante, los peruanos debemos recordar que el Perú se ha caracterizado por ser más cumplido con los acreedores externos que con los internos. 

"Un principio antiguo en la calificación de grado de inversión es que ninguna otra obligación del emisor debe estar en situación de incumplimiento", señaló Sean Egan, director fundador de Egan-Jones. 

"El Perú no cumple con este requerimiento básico, y estamos sorprendidos de que la situación de incumplimiento en los Bonos de la Reforma Agraria no haya sido identificada en las calificaciones de la deuda soberana peruana realizadas por otras importantes agencias calificadoras de riesgo. Más importante aún, esta situación de incumplimiento en curso no ha sido adecuadamente revelada en los expedientes actuales del Perú en la SEC.

De acuerdo con la metodología de calificación de Egan-Jones, "el carácter – la integridad de la gerencia o, en el caso de los soberanos, el liderazgo, la estructura y las políticas" es el primero de cinco criterios de análisis claves para evaluar la calidad crediticia.

Desde el punto de vista de Egan-Jones, el Perú ha mostrado falta de voluntad para actuar de manera imparcial frente a sus acreedores. Los bonos en moneda extranjera y los bonos "soberanos" en moneda local se están pagando, mientras que los Bonos de la Reforma Agraria están en una situación de incumplimiento actual y continuo.

Los Bonos de la Reforma Agraria fueron emitidos entre 1969 y 1982 y permanecen impagos. A través de un reciente decreto administrativo, Perú ha realizado una oferta unilateral para pagar los Bonos de la Reforma Agraria en una cantidad igual a menos del 0.5% de la cantidad adeudada (una disminución del 99.5%). Adicionalmente, el proceso que propone Perú subordina tanto a los tenedores de los bonos que son personas jurídicas y no personas naturales, como a los compradores de los bonos en el mercado secundario. El proceso también requiere que los tenedores renuncien a todos sus derechos a remedios legales futuros como un prerrequisito para registrar sus Bonos de la Reforma Agraria.

Egan-Jones considera que el tratamiento actual que da el Perú a los Bonos de la Reforma Agraria potencialmente establece un peligroso precedente legal para todas sus obligaciones soberanas, ya que los tenedores podrían ser sujetos de una reducción involuntaria del principal y de subordinación frente a otros acreedores del Perú basados en su condición de ser persona natural o persona jurídica y de ser un adquirente original o secundario.

El gobierno ha señalado públicamente que una decisión del Tribunal Constitucional (TC) de julio del 2013 proporciona la base legal para el proceso administrativo del 2014. Sin embargo, el órgano justificó el cambio drástico en la metodología de valuación basándose en una conclusión de que el gobierno no es capaz de pagar y no en un precedente legal sólido. Asimismo, informaciones periodísticas recientes han señalado que hay una investigación penal en la materia por parte de fiscales en el Perú. En adición a ello, un ex miembro del Tribunal Constitucional ha presentado una denuncia penal alegando que se utilizó corrector blanco para falsificar una parte de la sentencia de julio del 2013. 

Para Egan-Jones estos hechos sustentan su preocupación sobre la independencia del Poder Judicial peruano, así como sobre la voluntad de los poderes Ejecutivo y Judicial para respetar los derechos de los acreedores y ceñirse al principio de legalidad.

El tema sigue siendo polémico, de hecho hay especialistas que consideran que el Perú primero debe atender lo interno y no reducir el presupuesto público con el pago de estos bonos. 

Sería bueno que los candidatos consideren este tema en su plan de gobierno. Aquí cabe reiterar la pregunta del periodista Jerónimo Pimentel a quien quiere ser el próximo gobernante del Perú:  ¿Cómo piensa negociar los bonos de la reforma agraria ahora que se encuentran en manos de fondos buitres norteamericanos?


Yapa track:

Una película que desde el inicio habla de esta deuda: "Tenemos más del 25% de la deuda agraria del Perú"