Insiste. El presidente Ollanta Humala ha rechazado la derogatoria del Congreso al Decreto Legislativo 1198.
La norma, derogada por el Parlamento el pasado 22 de octubre, proponía la participación del sector privado en el manejo del patrimonio arqueológico. Los críticos temían la privatización.
En un comunicado del Ministerio de Cultura, se informa que, dentro del plazo y las facultades establecidas en el art. 79 del Reglamento del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo ha observado la derogatoria de esta norma bajo el argumento de que es constitucional y que es necesaria para "proteger y transformar nuestro patrimonio cultural".
"Permite la suscripción de Convenios de Gestión Cultural con el objetivo de proteger y poner en valor los monumentos arqueológicos, en alianza para la cogestión entre el sector público y privado", señala.
¿Qué propone el Ministerio de Cultura? Afirmando que tiene el objetivo de darle viabilidad al decreto, el sector propone la siguiente alternativa: adicionar como párrafo final del artículo 6.1 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el siguiente párrafo:
“6.1 (…) El Ministerio de Cultura, de forma previa al inicio de cada procedimiento de concurso para la suscripción de un Convenio de Gestión Cultural, deberá solicitar opinión previa favorable del Gobierno Regional de la jurisdicción en la que se ubica el inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico, objeto del futuro Convenio de Gestión Cultural”.
Con ello, buscan garantizar que los Convenios de Gestión Cultural únicamente se aplicarán en las regiones de nuestro país que así lo consideren.
Ahora, esta norma queda en manos del Congreso de la República.
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